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Defensa investiga si hubo retraso injustificado en poner inhibidores en los blindados de Líbano

El Ministerio de Defensa está investigando si se produjo una demora injustificada en la adquisición de inhibidores para los vehículos desplegados en Líbano. El BMR (Blindado Medio de Ruedas) en el que murieron el pasado domingo seis soldados, por la explosión de un coche bomba, carecía de este sistema que neutraliza los artefactos activados por control remoto.

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El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Félix Sanz, ordenó el pasado 7 de noviembre, según una nota difundida ayer, "dotar cuanto antes" a los vehículos enviados a Líbano de "medios contra artefactos improvisados". La orden de adquirir 70 inhibidores del modelo PAGM2 se remitió al jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Villar, y éste a su División de Logística, el pasado 15 de noviembre. "Para agilizar los trámites y recibir el material a la mayor brevedad", agrega la nota, se optó por el procedimiento negociado sin publicidad y se anticipó un millón de euros como señal. "La recepción", concluye la nota, "comenzó el pasado 29 de mayo y finalizará esta misma semana".

La duda está en si los más de seis meses transcurridos desde que se dio la orden hasta que se recibieron los equipos responden al plazo previsto -no se conoce la fecha ni las condiciones de adjudicación del contrato- o se produjo un retraso por falta de diligencia. A ésta y otras preguntas intentará responder el ministro José Antonio Alonso cuando comparezca el lunes ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Más de cien en Afganistán

Aunque la integración de inhibidores en los BMR presenta dificultades técnicas, ya que pueden interferir sus comunicaciones, no se trata de un producto novedoso. El año pasado se instalaron más de un centenar en los vehículos desplegados en Afganistán. Defensa insistió ayer en que, mientras que más de 700 artefactos explosionaron en 2006 en Afganistán (el 60% activados a distancia), causando el 50% de las bajas de la OTAN, "no se había empleado nunca" contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL).

Además, Defensa reveló que una comunicación que le remitió la FINUL el lunes "cita a Francia, Italia, Irlanda, Finlandia, Portugal, Bélgica, Ghana, India, Indonesia y Nepal como contingentes que no disponen de inhibidores instalados". Esta revelación, según fuentes militares, ha causado fuerte malestar en el cuartel general de los cascos azules en Naqura (Líbano), pues supone desvelar vulnerabilidades de otros países. Saber si un vehículo dispone o no de inhibidor facilita al agresor la elección del sistema para atentar contra él.

El diario libanés The Daily Star aseguró ayer que el atentado fue cometido con 70 kilos de explosivo plástico militar C4, mucho más potente que la dinamita. Fuentes de Defensa indicaron que habrá que esperar a que el BMR se repatríe y sea exhaustivamente analizado. Aunque la onda expansiva fue fortísima, parte de los daños del vehículo se debieron a la explosión del lanzagranadas C-90 que llevaba dentro.

La instalación de los inhibidores no es la única medida que ha llegado demasiado tarde para los tres soldados colombianos fallecidos en el ataque del domingo.

La reforma legal que amplía a los extranjeros alistados en las Fuerzas Armadas españolas los beneficios previstos en el decreto ley sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones de paz fue aprobada por el Senado el iércoles, cuatro días antes del atentado. Sin embargo, aún no se ha publicado en el BOE, por lo que no ha entrado en vigor. Fuentes de Defensa aseguraron ayer que se está buscando una fórmula para que sus herederos puedan recibir la indemnización prevista en dicha ley, de 140.000 euros.

La eventual responsabilidad del Estado, si la hubiera, será uno de los temas a investigar por el juez de la Audiencia Nacional Fernado Grande-Marlaska, quien ayer acordó abrir de oficio diligencias por el ataque en Líbano, al tipificar los hechos como delito de terrorismo con víctimas españolas. Grande-Marlaska prohibió, además, la incineración de los cadáveres de los seis militares, por si fuera necesario practicarles una segunda autopsia. Defensa se había dirigido al juez togado militar central para que autorizase la inhumación de los cadáveres.

La orden de Marlaska no impidiñó ayer el traslado a Colombia de Jefferson Vargas. Los otros dos colombianos fallecidos serán enterrados en España. El Congreso aprobó ayer una declaración institucional de condena del atentado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de junio de 2007