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Columna
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Disenso

Enrique Gil Calvo

Ante el anuncio por los terroristas de su regreso a la lucha armada, el jefe de la oposición ha ofrecido volver a prestar al Gobierno el apoyo de su partido, una oferta que de momento parece cumplir. No tenía otra opción, pues de no hacerlo así hubiera quedado ante la opinión pública como un traidor: el epíteto más injurioso para un nacionalista como Rajoy, y por eso lo profiere una y otra vez como acusación predilecta para desacreditar a Zapatero. Por tanto, para hacer honor a su presunta lealtad nacional, Rajoy tenía que prestar acatamiento verbal al Gobierno. Tanto más cuanto la celebración del 30 aniversario de las primeras elecciones libres ha dado ocasión al PP para exaltar las pretendidas virtudes del consenso entre los dos grandes partidos como mejor forma de resolver nuestros grandes problemas nacionales. Un consenso que, al decir de los conservadores, estaría siendo roto por la doblez o la malevolencia de Zapatero.

Pero, ¿de verdad está ofreciendo Rajoy un auténtico consenso al Gobierno en una cuestión de Estado como es la lucha antiterrorista? Cabe dudarlo. ¿No lo estará diciendo con la boca pequeña para cargarse de razón, y así poder denunciar después de nuevo las presuntas traiciones de Zapatero? En realidad, en su entrevista de La Moncloa el pasado día 11, Rajoy sólo ofreció su apoyo "para derrotar a ETA", subrayando explícitamente que lo limitaba a eso y nada más. O sea que ofreció un consenso condicionado a que el Gobierno siga la única política antiterrorista que el PP considera legítima, la persecución sin cuartel hasta la completa derrota incondicional, rechazando apoyarle en cualquier otra posible estrategia, por ejemplo negociadora.

¿Qué clase de consenso condicional es éste que propone Rajoy, limitado en la práctica a imponer su diktat? Se trata del consenso previsto en aquellos sistemas de elección colectiva que exigen la unanimidad de sus miembros, según ocurre en la Unión Europea o en los sistemas confederales, lo que reserva para cada parte el poder de veto. Y eso mismo, poder de veto, es lo que espera obtener Rajoy cuando ofrece consensuar la lucha contra ETA, en coherencia con su interpretación del Pacto Antiterrorista que le lleva a reclamar poder de veto sobre las decisiones del Gobierno en nombre del consenso. Un poder de veto que de momento parece acatar Zapatero, a juzgar por su política de pactos poselectorales en Álava y Navarra. Ahora bien, para que el consenso equivalga al poder de veto hace falta simetría entre los socios consensuales, como sucede en los sistemas confederales donde todas las partes confederadas son equiparables al estar situadas en pie de igualdad. Pero Gobierno y oposición no son paritarios porque su relación es asimétrica: el Gobierno monopoliza el poder de decisión y la oposición sólo puede optar entre la disensión sin poder de veto o el consenso incondicional con pleno consentimiento.

Rajoy debería aclarar cuál es su posición en materia antiterrorista: o presta su consentimiento incondicionado al Gobierno, y entonces podemos hablar de consenso, o le impone algún veto condicional (rechazando por ejemplo las veleidades negociadoras de Zapatero), y entonces no hay consenso sino disenso y disentimiento. Pero ya sabemos cuál es la verdadera posición de Rajoy: consenso sólo para lo que coincida con el trágala del PP, y disenso para todo lo demás. De modo que el Gobierno haría bien en no esperar consensos falaces del PP, que sólo encubren vetos coactivos, y acostumbrarse a la idea de que en materia antiterrorista no hay ninguna posibilidad de consenso, sino sólo un abierto disenso entre dos políticas antitéticas aunque igualmente legítimas: la vía de la derrota incondicional propugnada por el PP, que cierra toda esperanza de futura reconciliación social, o la vía de negociación blairista imaginada por ZP, que combina la zanahoria con el palo sin poner la otra mejilla. Así que aceptemos el disenso con claridad, siempre preferible a un consenso falaz: que cada parte lleve su opción a su programa electoral y que las urnas decidan.

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