Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
La polémica por una asignatura social

Los obispos exigieron en 2004 lo contrario que hoy piden en Educación para la Ciudadanía

La Conferencia Episcopal ha declarado la guerra a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Lo ha dejado claro en una nota esta semana. Los obispos creen que la materia, que se empezará a estudiar el próximo curso, servirá para formar "la conciencia moral de los alumnos". Y no lo aceptan porque, en su opinión, el Estado debe mantenerse neutral. Durante los últimos meses, numerosos obispos han incitado a los padres a boicotear la asignatura. Pero, cuando en 2004 comenzaron las negociaciones entre el Gobierno y el Episcopado sobre la nueva Ley de Educación, mantuvieron que ni padres ni alumnos pueden negarse a cursar una asignatura del currículo oficial. Justo lo que ahora proponen a sus fieles.

Es el Estado el que decide las asignaturas que estudian los alumnos. Los que no estén de acuerdo con alguna, que vayan a los tribunales. Lo que no se puede hacer es dejar la decisión en manos "de los particulares, alumnos o padres". Estas tesis son las que utilizaron los obispos en un documento que entregaron, en 2004, al Ministerio de Educación con sus propuestas para la reforma de la ley escolar. Los argumentos son absolutamente opuestos a los que hoy usan para defender el boicot a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que empezarán a estudiar los alumnos el próximo curso y que incluye el aprendizaje de valores democráticos y cívicos.

La Conferencia Episcopal negoció la clase de religión, y los colegios católicos, los contenidos de la nueva materia

Antonio Cañizares ha dicho que los padres que boicoteen la asignatura estarán contribuyendo "al bien común"

"No debe dejarse al capricho o interés particular de los alumnos recibir o no una determinada asignatura", escribieron

Es el Estado el que decide las asignaturas que estudian los alumnos. Los que no estén de acuerdo con alguna, que vayan a los tribunales. Lo que no se puede hacer es dejar la decisión en manos "de los particulares, alumnos o padres". Estas tesis son las que utilizaron los obispos en un documento que entregaron, en 2004, al Ministerio de Educación con sus propuestas para la reforma de la ley escolar. Los argumentos son absolutamente opuestos a los que hoy usan para defender el boicot a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que empezarán a estudiar los alumnos el próximo curso y que incluye el aprendizaje de valores democráticos y cívicos.

Entonces se referían a la posibilidad de que los chavales que no estudiasen religión confesional se fueran a casa en esa hora. "Se ha de recordar que corresponde al legislador determinar cuáles son las materias o asignaturas que se deben impartir en la enseñanza escolar, y no debe dejarse al capricho o interés particular de los alumnos recibir o no una determinada asignatura [...], la última palabra, en definitiva, la tendrían los tribunales de justicia, constitucionalmente encargados de interpretar y aplicar las leyes", escribieron.

Hoy, declarada abiertamente la guerra contra Educación para la Ciudadanía, le dan la vuelta. La Conferencia Episcopal no habla explícitamente de apoyar el boicot en su documento de hace tres días, pero sí defienden esa postura miembros importantes de la jerarquía católica, como el cardenal primado de España, Antonio Cañizares, que escribió hace unas semanas que los padres que impidan a sus hijos estudiar Educación para la Ciudadanía estarán contribuyendo "el bien común". El Gobierno ha invitado a todos los descontentos a llevar la cuestión a los tribunales, justo como decían en 2004 los obispos que debía hacerse.

Fue el 21 de diciembre cuando entregaron aquel documento, en la primera de las 10 reuniones que han mantenido durante la tramitación y desarrollo de la ley educativa el Ministerio de Educación y los obispos. De un lado, siempre ha estado el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares. El secretario general, Antonio Martínez Camino, y Antonio Dorado, responsable educativo, han ido intermitentemente. Por el lado del ministerio, el secretario y subsecretario, Alejandro Tiana y Fernando Gurrea, han acompañado a las ministras, María Jesús Sansegundo, primero, y desde abril de 2006, Mercedes Cabrera. Tres de las reuniones han sido secretas, pero en ninguna de la decena ha estado sobre la mesa el tema de Educación para la Ciudadanía, aseguran varias fuentes cercanas al Gobierno. Tampoco se mencionó en aquella primera reunión de 2004. Entonces, los obispos fijaron su posición, que no ha variado: quieren una asignatura obligatoria a la clase de Religión.

Llegó el texto de la nueva ley educativa y, antes de que pasara por el Consejo de Ministros, el ministerio se lo enseñó a los obispos el 23 de junio de 2005, en la segunda reunión. Tampoco se habló de Educación para la Ciudadanía, aunque los religiosos ya se habían mostrado en contra al considerar que podía utilizarse para adoctrinar. Ahora critican que servirá para formar "la conciencia moral de los alumnos".

Todas las reuniones fueron "cordiales", pero "duras intelectualmente", según fuentes cercanas a los encuentros. La del 25 de mayo de 2006, el primero de la nueva ministra Cabrera, fue muy árido. Se debatían los desarrollos de la nueva norma y los obispos plantearon acordar qué iba a pasar con la religión y su alternativa, independientemente de lo que dijera la ley. "Tráiganme ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos", dijo Martínez Camino tras la reunión.

Por estas fechas ya estaban avanzadas otras conversaciones paralelas, con ONG y diferentes grupos, muchos católicos, para establecer los contenidos de Educación para la Ciudadanía. Dos de esas reuniones fueron a solas con la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), patronal mayoritaria de los colegios concertados. Nadie les nombró oficialmente portavoces de los obispos, sin embargo, ellos les comunicaban cómo iban las conversaciones y la jerarquía católica les hacía peticiones de cambio en los contenidos.

Matrimonio homosexual

En todos los puntos conflictivos que marcó la FERE se llegó a un acuerdo. Desapareció la referencia a los matrimonios homosexuales dentro del tema de familia, desapareció en la mayoría del texto las referencias al género y se cambió por sexo (los obispos consideran que el género indica opción sexual y, por tanto, homosexualidad), y se suprimió un epígrafe que hablaba de educación afectivo-sexual, entre otros. El acuerdo final llegó en octubre.

Con tres reuniones más, el 27 de septiembre, 10 de octubre y 5 de diciembre, también se cerró el tema de la religión. El Gobierno cedió en varios puntos: la reducción de horario en secundaria sería de 35 horas y no de 70, como pretendían, y habría una alternativa, muy parecida a la que proponía la anterior ley educativa del PP, sobre historia de las religiones. Sin embargo, los alumnos podrían elegir no cursar ninguna de las dos.

Por su parte, los obispos volvían al principio, a su petición de 2004. Además, las declaraciones que hicieron tras el encuentro de diciembre ya apuntaban su siguiente estrategia de confrontación a través de Educación para la Ciudadanía, que ha ido subiendo de tono hasta llegar al comunicado de hace tres días. Y como se desprendía de aquel texto, la batalla no ha hecho más que comenzar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de junio de 2007