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El final del caso del Severo Ochoa

Dos años de acoso

Más de dos años de acoso han sufrido los profesionales sanitarios envueltos en el caso Leganés. Muchos han pasado por periodos de baja por depresión -como el médico Miguel Ángel López Varas- y han cambiado de destino. Curiosamente, Montes aguantó y sigue en el centro, aunque ya no sea jefe del servicio que él ayudó a crear.

La tormenta desatada por la acusación anónima se ha llevado por delante desde a quienes eran director y gerente del hospital en marzo de 2004, hasta a algunos jefes de servicio -como el de la unidad del dolor, Joaquín Insausti- que se solidarizaron con el ex jefe de Urgencias, Luis Montes, y su equipo. Por causas similares fueron destituidos los jefes de Enfermería de Reanimación, Juan Carlos Blanco; Intensivos, Maribel Bello, o Diálisis, Gema Guijo, en febrero de 2006. En agosto de ese año cayeron otros cinco jefes de servicio.

Quien ha salido aparentemente incólume es el ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela con el que este periódico intentó ayer hablar, sin éxito. Para él, el auto llega en el mejor momento. Se firmó el último día de su mandato, pero no se hizo público hasta ayer. Él fue quien llevó el caso a los tribunales, y ha sido el blanco de la oposición política y de los sindicatos por su gestión de la crisis. Pero desde el miércoles no es responsable de la Sanidad madrileña. La presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, ha premiado su labor en éste y otros aspectos -como la creación de un sistema propio del cómputo de listas de espera quirúrgicas que le permitió cumplir su promesa electoral de reducirlas a 30 días- con la cartera de Transportes en su nuevo Gobierno.

En la consejería, una portavoz insiste en su satisfacción por el auto. "Administrativamente, demuestra que teníamos razón, en el sentido de que había mala praxis. Hemos hecho lo que teníamos que hacer". Sobre el resto del auto no hubo pronunciamiento. "No somos parte", afirmó, ignorando que, si el asunto llegó a los tribunales, fue porque el mismo Lamela lo envió a la Fiscalía.

La decisión del juzgado contenta a casi todos. La secretaria de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín, expresó ayer su satisfacción porque "por fin la Justicia haya puesto las cosas en su sitio". Y, en la línea tomada desde que estalló el caso, ha emplazado a Aguirre y a Lamela a que "pidan disculpas y asuman las responsabilidades que les corresponden por los daños ocasionados a los ciudadanos y a los profesionales de la sanidad pública". En la misma línea se manifestó UGT. La misma petición que ha hecho el portavoz del PP madrileño, Francisco Granados, pero a la inversa. IU pidió que se restituyera a los médicos despedidos (aunque ya hay una sentencia en contra).

Más crítica ha sido la Asociación del Defensor del Paciente (Adepa), que, junto la Asociación de Víctimas por Negligencias Médicas (Avinesa), estaba detrás de la denuncia anónima. Adepa consideró que iniciar un procedimiento penal no era lo "pertinente", pues, a su entender, la irregularidad consistía en que se "violaba el derecho del enfermo a ser informado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de junio de 2007