Las instituciones forales acercan sus presupuestos para gasto social

Poco a poco, las tres diputaciones van convergiendo en el dinero que destinan a los servicios sociales, olvidando así las dos velocidades de las que siempre se hablaba: Álava, por una parte, y, a su rebufo, Vizcaya y Guipúzcoa. El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, aseguró ayer que se va homogeneizando ese gasto, hasta el punto de que las tres instituciones forales rondan los 380 euros de gasto por persona. Ésta ha sido siempre una tradicional reivindicación de todos los partidos, que abogan por que los ciudadanos disfruten de la misma calidad de los servicios independientemente de en qué territorio residan.

Consuegra sacó a colación este dato para demostrar que Euskadi cuenta con suficientes recursos para cumplir de sobra con los requerimientos de la ley de Dependencia, no sólo en Álava, donde tradicionalmente han tenido mayor desarrollo los servicios sociales, sino también en las otras dos provincias.

La relación entre Gobierno y diputaciones resulta especialmente importante en estos momentos, cuando se está cocinando el proyecto de Servicios Sociales que aspira a consolidar un sistema de prestaciones similar al de la sanidad o la educación. Sin embargo, Consuegra opinó que debe salvar algunos obstáculos.

Por ejemplo, el tripartito pretende que las personas dependientes que consigan plaza en una residencia pública no tengan que responder con su vivienda habitual para pagar, a su fallecimiento, parte de los servicios recibidos. Así figura en el anteproyecto de ley de Servicios Sociales, duramente criticado por las diputaciones cuando el Ejecutivo lo presentó públicamente.

Incógnitas

En los tres territorios, los ancianos que son atendidos en las residencias forales no pagan de manera íntegra la tarifa, sino una parte proporcional que varía de acuerdo a sus ingresos. Sin embargo, los ancianos que son atendidos en las provincias de Álava y de Vizcaya reconocen, además, una deuda por la atención que han recibido en la residencia. Es decir, que cuando mueren los familiares más cercanos deben responder con el patrimonio que han heredado y que, por lo general, suele coincidir con su vivienda o residencia habitual.

Antes de la celebración de las pasadas elecciones forales de mayo que van a deparar nuevos gobiernos en las diputaciones, Álava y Vizcaya mostraron serias reticencias al proyecto del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Mientras, Guipúzcoa sigue un sistema parecido al que ahora desea implantar el Gobierno vasco, por lo que no debería poner mayores pegas a la fórmula.