Treinta años de democracia y autonomías

Hemos conmemorado en fechas recientes el 30 aniversario de las primeras elecciones libres de nuestro actual sistema democrático. Con ellas se dio paso a la elaboración de la Constitución y al periodo más largo y fructífero de convivencia pacífica y de libertades democráticas de nuestra historia. Y se han destacado como componentes relevantes de aquella época las ansias de libertad del pueblo español y la generosidad y sabiduría de una clase política que quiso y supo estar a la altura de las circunstancias. Los frutos de la conjunción de tales hechos y actitudes son evidentes y no es el caso insistir aquí en ellos.

El Estado de las autonomías que disfrutamos ha estado sometido en los últimos tiempos a ciertas tensiones y quizás por ello ha pasado desapercibido que, en aquellas elecciones, se desencadenaron una serie de acontecimientos que desembocaron en la actual estructura territorial del Estado, la España autonómica.

Conviene recordar que, por ejemplo, el reclamo por el pueblo español de un régimen de libertades civiles y políticas venía indisociablemente unido al de autonomía territorial. Democracia y autonomía caminaron de la mano en el periodo constituyente. Algunos intentos de disociar ambos procesos quedaron pronto superados por los propios hechos. Y así quedó reflejado en el texto constitucional, con ciertas vaguedades en los aspectos territoriales que exigieron esfuerzos suplementarios de consenso.

Hoy, 30 años después, la estructura territorial de España está plenamente consolidada, tiene un masivo apoyo social, y, como se ha demostrado repetida e insistentemente, goza de una estabilidad y fortaleza suficientes para superar las tensiones propias de su naturaleza y del paso del tiempo. Pero me interesa destacar ahora algunos aspectos en los que la España autonómica ha contribuido a la evolución global de nuestro país.

En primer lugar, a la convivencia entre españoles. ¿Podríamos decir con rigor que la España que vivimos ahora hubiese sido la misma sin su estructura autonómica? ¿Que la estabilidad democrática hubiese sido la misma si se hubiese ignorado la realidad de la diversidad territorial, la necesidad de instituciones autonómicas propias? No sólo no lo creo, sino que entiendo que todo el proceso autonómico y el resultado final han contribuido, y en ciertos aspectos de forma decisiva, a la estabilidad general del sistema.

Y los españoles han asumido con normalidad que los sentimientos propios de su lugar de origen o de residencia y los de español, no sólo son compatibles sino complementarios. Que España suma, no resta; que es un valor añadido y una garantía de fortaleza y de futuro en Europa y en el orden internacional. Y sobre estos sentimientos se ha asentado un clima y deseo de convivencia que debemos cuidar y fortalecer. La historia demuestra que es la ruptura de los valores de la convivencia el origen de males mayores entre los pueblos.

Y, en segundo lugar, a la modernidad y prosperidad de nuestro país. La España autonómica no ha sido un retorno al pasado. Ha sido dar libertad a cada colectivo territorial para que aflore lo mejor de sí mismo y encare su futuro con sus prioridades y ambiciones libremente decididas. Y el resultado no ha podido ser más espectacular. En cada Comunidad Autónoma se han generado dinámicas políticas, económicas y sociales adaptadas a cada realidad. Han surgido dirigentes sociales, y políticos, entramados empresariales e institucionales que han generado una dinámica de modernidad y prosperidad sin precedentes en nuestra historia. Esto no puede ser fruto de la casualidad ni sólo de factores externos. Creo que, sencillamente, se ha acertado. Y que esta España responde mejor a las necesidades del pueblo que aquella otra centralista y temerosa de la capacidad de los españoles de administrar su libertad y su diversidad.

Es evidente que quedan problemas por resolver, algunos de cierta entidad, y que la velocidad de cambio es tan vertiginosa que el proceso de adaptación debe ser casi permanente. Creo que los problemas de nuestra España autonómica, vistos con cierta profundidad más allá de los detalles, pueden resumirse en uno solo: mejorar los niveles de cohesión territorial que garanticen una mayor y mejor convivencia entre los españoles y una mayor eficacia y eficiencia en las políticas públicas de todos los niveles, estatal, autonómico y local.

Reforzar la cohesión territorial no exige grandes transformaciones legislativas. Salvo una: la reforma del Senado, piedra angular del sistema de relaciones territoriales, que necesita la reforma de la Constitución y que yo considero inaplazable. Pero, además, se puede perfeccionar la cohesión mejorando los instrumentos de cooperación y, sobre todo, de participación de los entes territoriales en las políticas estatales. Para ello, sólo es necesario tomar conciencia de su necesidad y colaborar en las reformas necesarias, como la citada del Senado. Porque el fruto de la reforma de la Cámara Territorial no será otro que fortalecer, cohesionar y compactar, más si cabe, lo que representa nuestro país, España.

Al final, acabaremos descubriendo que el futuro del Estado de las autonomías va a depender, más que de grandes transformaciones, de que sea gestionado y desarrollado con sentido común, respeto mutuo y apego a la realidad. Como se hizo hace treinta años. Siempre desde la lealtad.

Javier Rojo es presidente del Senado.