Cines cerrados

Coincidiendo con el final del plazo para la presentación de enmiendas al anteproyecto de Ley del Cine, la federación que agrupa al 90% de las cerca de 4.000 salas de exhibición cinematográfica de España, convocó ayer, lunes, una huelga de 24 horas. Los actores que se integran en tres de sus asociaciones organizaron, por su parte, una asamblea informativa para denunciar aspectos de esa ley.

El anteproyecto de nueva ley ha suscitado protestas de varios de los sectores afectados, que reprochan al Ministerio de Cultura una escasa disponibilidad para el diálogo. Por ejemplo, respecto al aumento de la parte de los beneficios que las televisiones privadas debían destinar a financiar la producción cinematográfica nacional. Tras la intervención de la vicepresidenta Fernández de la Vega, se corrigieron algunos aspectos del borrador y se dio satisfacción a una buena parte de los gremios implicados. La convocatoria de la huelga por parte de los exhibidores, y de la asamblea por la de los actores, indica que el consenso no alcanza a todos.

Los exhibidores justifican su medida de presión por lo que consideran cerrazón de la Administración ante sus reivindicaciones, la principal de las cuales es desde hace años la supresión de la cuota de pantalla que obliga a dedicar un 25% de las sesiones de las salas a películas españolas o de la UE: una medida que pretende una cierta protección de la industria cinematográfica nacional y europea frente a la potente producción, distribución y, con frecuencia, también exhibición, de la cinematografía estadounidense, pero cuyo poderío no siempre surge de las leyes del libre mercado. La industria norteamericana de exhibición, por ejemplo, no permite que se distribuyan en los circuitos más comerciales de su propio país películas no rodadas en inglés. Dicho de otra manera: sin necesidad de elaborar una ley, han prohibido el doblaje, una medida que en España es impensable.

Los actores han presentado su protesta como una reivindicación moral antes que laboral. Consideran que la ley les ignora, que no valora su aportación al producto final, y ese silenciamiento les impide acceder a las promociones o ayudas que podrían mejorar su profesión, algo que sí ocurre con los guionistas, según citan como ejemplo. Pero queda tiempo para que los distintos sectores implicados hagan valer sus intereses con vistas a la discusión parlamentaria del anteproyecto, que se iniciará en la primera semana de septiembre, para completar así el consenso con que llegó al Congreso.