La Cámara sostiene que la inversión del Estado incumple el Estatuto y pide "generosidad" a Zapatero

La Cámara de Comercio de Barcelona quiere aprovechar el inicio de las negociaciones de los Presupuestos del Estado para 2008 para romper el silencio que se había autoimpuesto en materia inversora. El esperado estudio de la institución sobre si el Estado cumple con lo que fija el Estatuto concluye que no, e incluso que lo presupuestado para 2007 es inferior, en porcentaje, al del año anterior. La Cámara reclama al Gobierno no sólo que cumpla, sino que liquide las diferencias, y su presidente, Miquel Valls, reta a Zapatero a que tenga un gesto de "generosidad" para con Cataluña.

En la pasada negociación de los Presupuestos del Estado para 2007, "nos retiramos de la escena porque creíamos que no era lo más oportuno en medio del proceso electoral [comicios al Parlament]. Pero este momento ya ha pasado, estamos en plena negociación de los próximos presupuestos y queremos intervenir en el debate", explicó ayer Valls a este diario.

El estudio de la Cámara, que se presentará oficialmente esta semana, concluye que la interpretación del Ministerio de Economía acerca de las inversiones en infraestructuras es "arbitrario" y "restringido en la aplicación de la ley". Basa sus cálculos en una "definición administrativa", bajo un epígrafe de infraestructuras, que se limita a las de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. Ni una palabra de inversiones en telecomunicaciones o conocimiento, por ejemplo.

El Estatuto catalán estableció que la inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña debía ser equivalente al peso del producto interior bruto (PIB) catalán en el conjunto de la economía española, que hoy por hoy es del 18,8%.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, y el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, aseguran que el Estado cumple: 3.195 millones de euros más 250 procedentes de la inversión prevista por Renfe. La Cámara, en cambio, sostiene que la cifra buena (capítulo 6 de los Presupuestos) es de 2.958 millones de euros. Y ésta representa el 13,9% del PIB, cinco puntos por debajo del peso de la economía catalana, y además es inferior al 14,6% del ejercicio anterior, asegura el jefe de estudios de la Cámara, Joan Ramon Rovira. Un estudio anterior de la Cámara situó en 3.795 millones de euros la inversión deseable en 2007.

La prueba del nueve

Para Miquel Valls, ésta es la prueba del nueve. "El Estado podrá decir que cumple, pero no tiene sentido que la inversión sea inferior a un año para el otro", explica.

Con todo, la Cámara no culpa únicamente al Estado del incumplimiento, reconoce la dificultad para consensuar criterios, de ahí que haya pedido a varios expertos que arrojen más luz que el texto estatutario. Es decir, saber qué se considera inversión y qué infraestructura.

Incluso la comisión mixta Estado-Generalitat ha creado un grupo de trabajos con técnicos del Ministerio y del Departamento para que acuerden una metodología. Llevan reuniéndose semanas.

La Cámara ha contado con la opinión de Germà Bel, Núria Bosch, Marta Espasa, Ángel de la Fuente, Guillem López Casasnovas, Jordi Pons, Ginés de Rus, José Sánchez Maldonado y Ezequiel Uriel. La mayoría coincide en una visión "amplia" de las infraestructuras; esto es, económicas, tecnológicas y sociales. Hay desacuerdo en tratar el tema bajo un prisma técnico cuando se trata de una cuestión política.

La Cámara pide que, más allá de las cifras, el debate se centre ahora en los criterios sobre unos principios "claros, explícitos y fieles a la letra y espíritu del Estatuto". Que el compromiso de respetar un porcentaje de inversión en infraestructuras "no se vea contrarrestado por la disminución de otras partidas de gasto". Y que si la inversión presupuestada no se corresponde con la liquidada, "se compense el año siguiente".

De hecho, los Presupuestos del Estado de 2007 ya incluyen una disposición adicional en este sentido "para dar cumplimiento a los establecido en el Estatuto".

"Las infraestructuras son absolutamente fundamentales para la competitividad del país. No queremos ser un parque temático de ocio ni un balneario. Somos un país industrial", reivindica Valls.