Las ingenierías y el espacio europeo de educación superior

BENJAMÍN SUÁREZ ARROYO y DOMINGO DOCAMPOLa organización profesional española constituye una singularidad europea. La Constitución establece la necesidad de regular por ley el régimen jurídico de los colegios profesionales, cuya función es la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación exclusiva de las mismas y la defensa de los intereses de los colegiados. El sistema competencial asociado se regula mediante la ley de atribuciones, de muy difícil encaje ya que la convivencia de titulaciones de ciclo corto y largo que otorgan atribuciones profesionales muy próximas constituye una continua fuente de conflicto, con repercusiones laborales y administrativas relevantes.

Dificultar el cambio real por culpa de disputas propias de otra época es un riesgo que la sociedad no se puede permitir

En la cuestión europea hemos visto nacer y morir propuestas bajo el fragor mediático

Colegios y Asociaciones profesionales participan intensamente en los debates que está propiciando en nuestro país la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, con la lógica pretensión de proteger a sus afiliados y a unas profesiones en muchos casos centenarias: en las tituladas, para defender que los títulos del futuro no pongan en peligro las atribuciones profesionales atesoradas en el pasado; en las demás, para alcanzar un statu quo equiparable.

Se explica entonces que, ante una coyuntura de cambio, los colegios profesionales traten de defender sus intereses; cada colectivo con sus expectativas (a conseguir) y/o sus conquistas (a conservar). Es comprensible la posición de las organizaciones profesionales, comprensible pero preocupante, ya que al final condiciona el progreso en muchos campos de estudio y puede hacer que los árboles (intereses corporativos) impidan ver el bosque del interés social general.

Ha llegado la hora de profundizar sobre las causas que limitan las posibilidades de cambio real en la educación superior en el ámbito de las enseñanzas técnicas, que a nuestro juicio se encuentran fundamentalmente en las singularidades enunciadas al comienzo. Creemos que se deben dar los pasos necesarios para armonizar y simplificar la organización de las profesiones, haciéndolas más competitivas, dinámicas e innovadoras, más acorde, en suma, con los retos que se le plantean y plantearán a España en Europa y en la sociedad globalizada; no será luego tan difícil que estos cambios propicien profundas reformas, al parecer por todos deseadas, en el sistema universitario. Mucho nos tememos que si esos pasos no se dan, las reformas educativas seguirán empantanadas por mucho tiempo.

El Espacio Europeo de Educación Superior se valora en todos los foros sociales, académicos, empresariales y profesionales como una gran oportunidad. Desde la firma de la Declaración de Bolonia, hace ya ocho largos años, hemos sido testigos del ímpetu legislativo y regulador de la administración educativa española, aunque quizás no haya acertado a elaborar y a explicar con tino un modelo conceptual con la solidez suficiente para enraizar en él la educación superior del futuro. En particular, en la cuestión europea hemos visto nacer y morir propuestas bajo el fragor mediático, en unos casos inspirado desde dentro de las aulas, en otros, como ha ocurrido recientemente con los estudios de ingeniería, cuando los legítimos intereses profesionales en conflicto se convierten en el principal obstáculo para la modernización del sistema educativo.

Por su parte, la empresa española crece y está explotando con éxito sus oportunidades de negocio en un mercado globalizado, y sabe que necesita apostar con decisión por el conocimiento, la innovación y la competitividad. Sería importante implicar en ese proceso a toda la sociedad, y de paso persuadir a los colegios profesionales, desde el propio mundo empresarial e industrial, de que ha llegado la hora de pasar de una atribución profesional genérica (de todo el colectivo) a otra basada en la competencia específica de los profesionales, como es norma en los países con los que estamos o vamos ineludiblemente a competir. Ello sería también la mejor ayuda para la imprescindible reforma de las enseñanzas técnicas.

Aprendizaje, conocimiento, competencia, innovación y productividad son los pilares en los que descansa la competitividad. Debilitar alguno de estos eslabones es poner en peligro el conjunto. Los sistemas educativos están al principio y a lo largo de toda la cadena y por ello son determinantes; dificultar el cambio real en la educación superior y, en particular, en las ingenierías, por culpa de disputas propias de otra época es un riesgo que la sociedad no se puede permitir.

Benjamín Suárez Arroyo es catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. Domingo Docampo es catedrático de la Universidad de Vigo.