2.000 días de curas en vez de operar
Un juez obliga a la sanidad madrileña a indemnizar a un paciente por no intervenirle
"Yo era ese chaval de la pandilla que siempre está enfermo". Roberto Sánchez, un ingeniero informático de 28 años, recuerda su adolescencia recluido en casa, entre gasas y curas de su madre, durante años su mejor enfermera. El hombre sufre una hidrosadenitis axilar. Es una enfermedad, conocida coloquialmente como golondrinos, que supone una infección crónica en axilas e ingles, con acumulaciones de pus -"como una espinilla, pero más grande y doloroso", detalla Sánchez- que reventaban en cualquier momento y "sin avisar".
Durante seis años, 2.190 días, se sucedieron las molestias, las supuraciones, las atenciones maternas y las visitas "reiteradísimas" a la sanidad pública. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del 17 de mayo reconoce que hubo una "dilación injustificada" en la aplicación del tratamiento adecuado. Por ello condena al Servicio de Salud Madrileño (Sermas) a indemnizar a Sánchez con 8.000 euros.
El fallo, del que informó ayer la asociación El Defensor del Paciente, establece que el calvario del paciente comenzó en 1995. Entonces empezaron los "intensos dolores" que impedían "el normal desarrollo para la vida cotidiana". Detrás de esa frase de la sentencia se esconde, según Sánchez, una vida en la que a menudo resultaba imposible realizar actividades como ir de acampada con los amigos, salir por la noche o incluso ir a clase. Resignarse parecía la única solución. "Una dermatóloga del ambulatorio de Móstoles me dijo que había gente con cáncer o sin piernas y que a mí me había tocado mi enfermedad y no quedaba otra", asegura Sánchez por teléfono.
El paciente comenzó a recabar información por su cuenta en Internet, donde vio que existía una posible solución más allá de los antibióticos y la paciencia. Fue a ver a su médico en el hospital de Móstoles. "Quiero que me operéis", le dijo. El 14 de agosto de 2001 le remitieron al servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Clínico para la intervención. Aguantó ocho meses en lista de espera. Le llamaron el 24 de abril de 2002. Pero ese día las heridas estaban abiertas, la infección a flor de piel. Le mandaron de vuelta a casa hasta el 28 de mayo. Volvió y le dijeron que quedaba fuera de la lista de espera. Le volvieron a citar, esta vez para octubre. Y Roberto Sánchez se derrumbó.
"Estuve a punto de quemar el hospital, literalmente. No me he vuelto loco de milagro". Finalmente optó por acudir a un centro privado, donde le operaron poco después. "Allí el médico me aseguró que era una operación muy habitual, que se hace en España desde hace 50 años". Le costó 2.400 euros. "Los médicos del Clínico tenían que haberme avisado de que era así de fácil resolver mi problema, porque pasaron años antes de que me ofrecieran la operación. Ni siquiera habría hecho falta que la pagaran ellos. Podía haber tenido una vida mucho mejor con un poco de cuidado", añade indignado.
La sentencia, ante la que cabe recurso en el Tribunal Supremo, añade que la hidrosadenitis "se hubiera evitado mediante una más temprana remisión al servicio de cirugía y a través de la no exclusión de la lista de espera". Una portavoz del Clínico indicó que aún no se ha notificado la sentencia al hospital y, por ese motivo, declinó valorar el fallo del TSJM.
Negligencias por miles de euros
En apenas cuatro meses, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido varias sentencias contra las actuaciones de la sanidad pública.
El 3 de abril se conoció un fallo del TSJM que condenaba al Servicio Madrileño de Salud a pagar 46.000 euros a los familiares de un hombre que murió con 66 años en 2001 tras sufrir un infarto que no diagnosticó el servicio médico a domicilio de la sanidad pública.
El 21 abril se conoció otra indemnización en favor de un niño de 14 años que quedó ciego de un ojo después de esperar tres años a que le diagnosticaran un tumor. La indemnización ascendía a 150.000 euros. El 4 junio salió a la luz el caso de un enfermo que recibió una mala atención psiquiátrica durante nueve años. En 2002 se tiró a las vías del metro y perdió una pierna. Sanidad debe pagar 108.000 euros.
El 6 junio se conoció la sentencia contra Sanidad por una intervención en el hospital Puerta de Hierro, donde extirparon un pecho a una mujer sin su consentimiento. La sanción es de 36.000 euros. Y hace tres días se publicó el caso de Gloria Bonilla, a la que en el Doce de Octubre se le extirparon un pecho, los ovarios y el útero tras una carrera de errores. La indemnización es de 210.000 euros.
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