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Editorial:

15-J: una visión pendular de la transición

Se cumplen 30 años desde las primeras elecciones libres del actual periodo democrático: aquellas que sirvieron para desbloquear el equilibrio entre defensores de la reforma gradualista del régimen franquista y partidarios de la ruptura con el mismo. Lo comprobable es que en un tiempo relativamente breve, España se convirtió en una democracia, por más que a lo largo de estas tres décadas haya ido variando la visión y valoración de la forma en que se produjo la transición y de su alcance real. A la ilusión mayoritaria siguió lo que dio en llamarse desencanto, y a la glorificación de la transición, el cuestionamiento o relativización de su carácter modélico. Esta oscilación no ha impedido, sin embargo, que la identificación con la democracia haya ido creciendo ininterrumpidamente.

Así, los que en 1980 consideraban a la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno suponían el 49%, con un tercio que no sabía o no contestaba. En 1985 el porcentaje era ya del 70%, y en 1995 del 76%. El último dato conocido, un barómetro del CIS de 2006, refleja una identificación del 81,9%. Entre la primera y la última medición se han producido hechos como el intento fallido de golpe de Estado, la integración en Europa y el derrumbe del "socialismo real", que era seguramente la alternativa de una parte de quienes en 1980 dudaban sobre su adhesión a la democracia parlamentaria.

Los resultados del 15-J demostraron la marginalidad de la opción continuista representada por Fraga y su Alianza Popular, el equilibrio entre el centro-derecha y la izquierda, y el predominio, dentro de ésta, de los socialistas sobre los comunistas, en una proporción de tres a uno. Con esos datos, Adolfo Suárez tuvo argumentos para transformar unas Cortes destinadas a reformar el régimen franquista dentro de unos límites marcados desde el poder, en constituyentes de un régimen diferente, democrático; y para impulsar una Constitución de consenso que rompiera con la tradición pendular de responder sólo a las aspiraciones, prejuicios y poder coyuntural de una parte de la sociedad contra la otra mitad. La Constitución de 1978 no sólo sancionaba el final de la dictadura del general Franco, sino que clausuraba (por su contenido, fuerzas impulsoras, forma de elaboración y adhesión de la población) la dialéctica de las dos Españas salida de la Guerra Civil.

Ese marco compartido ha permitido gobernar al centro, a la izquierda y a la derecha, y a los nacionalistas en los territorios con tradición de ese signo. Algunos jóvenes tienden hoy a considerar esa disponibilidad del marco como algo natural, pero en 1977 distaba de ser una evidencia. Todos los ministros del primer Gobierno de Suárez, excepto dos, tenían un pasado franquista. Ese dato, más la presencia implícita de la amenaza de intervención militar, da base a las objeciones de quienes en los últimos años cuestionan la visión de la transición como un proceso ejemplar, y resaltan el carácter desigual del pacto que le dio origen.

Desde luego, ya entonces existía la conciencia de que el partido gobernante jugaba con ventaja: había convocado las elecciones desde un poder al que no había llegado por vía democrática, con un candidato designado por el rey Juan Carlos, a quien había designado Franco. Sin embargo, la experiencia comparada permite relativizar los efectos de esa mancha de origen. No es seguro que una opción directamente rupturista hubiera producido un resultado más favorable desde el punto de vista de la satisfacción de la mayoría, legitimación y rapidez del proceso. En Portugal, la democracia nacida de la ruptura implicó costes en forma de poderes paralelos (militares) de los que no fue fácil desprenderse. Y la experiencia trágica de Yugoslavia indica que fue un acierto que aquí se buscara una legitimación democrática previa a la discusión sobre la cuestión autonómica y nacionalista.

Si ésta se hubiera planteado antes de las elecciones generales y en términos de autodeterminación (independencia sí o no), como en los Balcanes, es muy probable que se hubieran provocado rupturas sociales de efectos incontrolables y situaciones sin salida; por ejemplo, ante resultados contradictorios entre sí en cada una de las provincias vascas o catalanas. La anacrónica permanencia de ETA -última herencia del franquismo que subsiste- es en parte consecuencia de la inercia de todo aparato de poder fáctico, pero también de su incapacidad para aceptar que en una sociedad plural y democrática existen fórmulas, como la autonómica o federalista, capaces de dar satisfacción a muchas más personas, dentro de la propia comunidad, que la independentista.

Lo que se inició hace 30 años ha sido un éxito también en el terreno económico, lo que ha permitido desarrollar un Estado de bienestar que garantiza como derechos lo que entonces eran meras aspiraciones hipotéticas. Y si aparecen voces que cuestionan airadamente la forma como aquello se inició es en parte por eso: porque ha sido un éxito y no temen la vuelta atrás.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de junio de 2007