Bravo sale de prisión tras abonar su familia la fianza de 400.000 euros

El ex director de la Hacienda de Irún José María Bravo salió ayer en libertad provisional de la prisión de Martutene, donde ha permanecido 26 días, después de que sus familiares hicieran efectiva la fianza de 400.000 euros impuesta por la juez del caso. Bravo, acusado de dirigir una trama que supuestamente estafó al menos cinco millones de euros a las arcas forales, deberá comparecer en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

José María Bravo, director de la oficina tributaria de Irún entre 1995 y abril de 2004, fue detenido por la Ertzaintza el pasado 18 de mayo. En su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad guipuzcoana se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual la juez que lleva el caso, Almudena Ovejero, dictó un auto de prisión provisional eludible con una fianza de 400.000 euros. La Fiscalía había solicitado su ingreso en la cárcel sin fianza ante el riesgo de que se fugara o alterara pruebas.

El auto de prisión, que se hizo efectivo ese mismo día, presentó a Bravo como el máximo responsable de una red que se apropió del dinero que cobraba a contribuyentes deudores, en vez de ingresarlo en la Hacienda foral. La juez le acusa de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial, aunque cree que este último podría derivar finalmente en uno de prevaricación.

Como director de la oficina de Irún, Bravo contactó supuestamente con contribuyentes morosos, negoció con ellos la deuda y les requirió el pago, "normalmente en cuantía inferior a la debida", según el relato de la juez. Recibía el dinero en metálico o en cheques, que "ingresaba en su cuenta" y luego daba por zanjada la deuda.

En metálico

En la causa están imputados también la esposa de Bravo, María Rosa Cobos, la ex funcionaria de la Hacienda guipuzcoana Pilar Gracenea y Pedro Atristain, socios del primero en varios negocios y propiedades. La Diputación sostiene que las operaciones fraudulentas permitieron embolsarse 1,5 millones de euros a Bravo y sus colaboradores. Estos hechos le han costado el cargo de senador del PNV al hermano de José María, Víctor Bravo, quien fue forzado a dimitir por su partido para asumir la "responsabilidad política" de haber sido director de la Hacienda guipuzcoana cuando supuestamente se cometió el fraude.

El ex director de la oficina tributaria de Irún ha permanecido en la cárcel 26 días, el tiempo que sus familiares han tardado en reunir los 400.000 euros de fianza exigidos por la juez. Esta cantidad fue depositada ayer por la mañana, "en metálico", en una entidad bancaria. Tras comprobar el pago, la juez dictó un auto en el que declaraba "bastante" la fianza y libró un mandamiento a la prisión de Martutene para que se dejara en libertad provisional al imputado, que abandonó la cárcel poco antes de las 14.00.

En su auto, la juez impone a Bravo "la obligación" de comparecer en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes, "así como cuantas veces fuera llamado". De hecho, está citado a declarar el próximo 26 de junio.

Los tres presuntos colaboradores de Bravo han permanecido en todo momento en libertad con cargos. Eso sí, el juzgado ha exigido a los cuatro una fianza conjunta de un millón de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse si en su día son declarados culpables.