Dilema del prisionero

A la vista de las informaciones suministradas por los protagonistas, las expectativas confiadas y las previsiones sombrías avanzadas la víspera sobre la reunión de anteayer del presidente del Gobierno y el líder del PP -a fin de reconstruir una posición común frente a ETA- deberían recorrer ambas un trecho parecido de camino si desearan encontrarse a mitad del recorrido. Las declaraciones de Rajoy y de la vicepresidenta -en quien delegó Zapatero sus obligaciones informativas por rituales protocolarios tan puntillosos como superfluos- tranquilizaron a una sociedad sobresaltada, temerosa e inquieta por una eventual reanudación de los atentados terroristas en plena bronca cainita de los grandes partidos de ámbito estatal. La desconfianza sembrada a lo largo de esta legislatura por la desleal ofensiva lanzada desde el principal grupo de la oposición contra el Gobierno a cuenta de la lucha antiterrorista, rompiendo así una tradición de entendimientos transversales cuyo origen se remonta a los comienzos de la Transición, no desaparecerá de un día a otro pero podría irse debilitando lo suficiente para permitir la consolidación del armisticio o del acuerdo de mínimos prendido con alfileres recién nacido en el palacio de la Moncloa.

Aprovechando que la aplicación de la teoría de juegos al escenario político está de moda, el problema bautizado con el nombre de Dilema del Prisionero tal vez permitiera entender mejor las razones que pudieran asistir a Zapatero y a Rajoy para proseguir el camino iniciado con ese desganado y frágil acercamiento. Aunque el Gobierno y el PP sientan la tentación partidista de maximizar sus respectivos beneficios a costa de engañar al contrario explotando sólo en su propio provecho las rentas políticas (una victoria electoral) de la lucha contra el terrorismo, la experiencia de las interacciones humanas y naturales enseña que la cooperación reiterada puede llevar a una situación de equilibrio favorable a los dos jugadores. La puesta en marcha del reforzamiento de las relaciones bilaterales entre socialistas y populares que presidió el Pacto por las Libertades de 8 de diciembre de 2000 podría ser acompañada en el futuro por la ampliación del ámbito de los acuerdos a los nacionalistas vascos y catalanes que caracterizó el Pacto de Ajuria Enea de 1988. La apertura de Rajoy hacia PNV y CiU como socios parlamentarios del PP si ganase las próximas elecciones con mayoría relativa y necesitase de sus votos para la investidura -como Aznar en 1996- opera a favor de ese ensanchamiento.

El Pacto por las Libertades descansaba sobre dos supuestos que han sido incumplidos por el PP: desde su apoyo a la grotesca teoría de la conspiración sobre el 11-M de Jiménez y Ramírez hasta su obscena condena de Zapatero por traicionar a los muertos. El primer principio regulador atribuye al Gobierno la dirección de la lucha antiterrorista, tarea a la que se suman las demás fuerzas democráticas. No existe un cogobierno PSOE-PP ni un diunvirato Zapatero-Rajoy: las iniciativas de la oposición contra la trama de ETA -como la eventual ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV)- carecen de carácter vinculante para el Ejecutivo. Y la tentativa de ampliar tales propuestas a la política de alianza de los socialistas con los nacionalistas que condenan la violencia en Álava y Navarra es un despropósito.

La segunda norma orientativa del Pacto por las Libertades era el compromiso asumido por los firmantes de "eliminar del ámbito de la legítima confrontación política y electoral" el debate público sobre las políticas antiterroristas. La implicación práctica de ese principio básico es la prohibición de imputar a las fuerzas democráticas cualquier responsabilidad política por los asesinatos y atentados de la banda terrorista. Esa solidaridad entre los partidos democráticos -sea cual sea el lugar que ocupen en la constelación del poder- protege a las instituciones constitucionales de los virus de la discordia inoculados por el terrorismo. Pero la renuncia a la explotación banderiza de la lucha contra ETA por las formaciones políticas no implica ceguera hacia los fallos concretos ni silencio sobre los defectos y carencias de los aparatos del Estado: los órganos de seguimiento de los pactos y los contactos entre Gobierno y oposición son el ámbito para esa discusión.