Un paso audaz

El Gobierno se ha decidido a dar un paso audaz con la aprobación del proyecto de ley que permite invertir en activos bursátiles parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el ahorro construido con una parte de los superávit de las cotizaciones sociales. La decisión afecta a un fondo que supera los 40.000 millones de euros y que, según algunas estimaciones, puede alcanzar entre el 18% y el 20% del PIB en 2025. Hasta ahora, el fondo sólo podía invertirse en deuda pública, con una rentabilidad limitada. Como se suele decir, se estaba perdiendo dinero; países como Francia, Noruega, Suecia e Irlanda invierten parte de sus fondos de reserva en renta variable, algunos con porcentajes que superan el 70% del dinero acumulado. El precedente existe, es una práctica financiera probada y en los países mencionados funciona razonablemente bien.

Es muy difícil defender argumentos en contra de la decisión del Gobierno. El fondo está resultando hasta ahora un éxito de la política social española. Anualmente se acrecienta con el excedente de cotizaciones y resultará muy útil si, como se desprende de algunos cálculos actuariales en función del envejecimiento de la población, en torno a 2020 comienzan a aparecer dificultades financieras en el sistema de pensiones. Un esfuerzo tan notable merecía una gestión financiera imaginativa del capital acumulado. Parecía lógico buscar rentabilidades más próximas a las del mercado, tal como pretende el proyecto de ley. Como es natural, la inversión en renta variable debe hacerse con suma prudencia y respetando escrupulosamente las normas básicas de una inversión responsable. Es decir, sólo se colocará en activos bursátiles una parte del fondo y, con el fin de minimizar los riesgos, debería encomendarse a varios gestores en lotes no superiores a los 1.500 millones de euros.

Sin objeciones firmes sobre el meollo de la cuestión, el Partido Popular ha reaccionado con protestas formales, algunas de muy desdichada condición. El proyecto cuenta con el apoyo inicial, alcanzado en 2006, de la patronal y los principales sindicatos. Pero, y en eso tiene razón el PP, debería haberse consensuado con la oposición, porque se trata de una iniciativa a muy largo plazo que tendrá que gestionar más de un Gobierno. En la medida de lo posible, esa carencia debe corregirse en la discusión parlamentaria.