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El BNG retoma en O Morrazo el plan de residuos que tumbó el PP

La adaptación al antiguo proyecto costará 125.000 euros

Es uno de los objetivos más claros para el BNG, ahora que controla directamente las tres alcaldías de la península do Morrazo: recuperar para la comarca un plan de residuos cuyo proyecto fue premiado. Apenas echó a andar, el PP se cerró en banda en su contra, para preservar los intereses comerciales de Sogama. Ahora Sogama está colapsada y el recibo de la basura es el triple más caro para los vecinos.

"Habrá que ver cómo está todo", adelanta Uxío Piñeiro, Geno, responsable comarcal del BNG en O Morrazo. Lo dice, especialmente, por el ayuntamiento de Cangas. La futura alcaldesa, Clara Millán, tampoco quiere adelantar acontecimientos en relación con los grandes y espinosos temas del municipio. "Es una prevención que nace de la falta de información, de la opacidad con que ha actuado aquí el gobierno del PP durante ocho años", explica. "No sabemos qué nos vamos a encontrar de verdad".

Pero en el programa y en la intención del BNG, en Cangas, Moaña y Bueu, figura la recuperación de un plan de residuos que fue modélico y que el PP dinamitó desde la Xunta, tras recuperar las alcaldías de los tres municipios en 1999. El plan se fue gestando en el mandato 1995-99. El BNG gobernaba en coalición con el PSOE en los tres municipios citados. En Marín era el PP, pero también se apuntó al proyecto. Tuvo penetración social a través de las escuelas e institutos, la UE se comprometió a financiarlo en un 85% y el resto debía afrontarlo la mancomunidad, ya que ni Xunta ni Diputación aportaban un duro. Los que lo promovieron triunfaron en otros territorios. Uno de ellos, el biólogo Salustiano Mato, actual director general de I+D+i en la Xunta, implicó a la Universidad de Vigo en su desarrollo. Pero chocó con los intereses de Sogama.

"Temían que cundiera el ejemplo", afirma Moncho Millán, a la sazón concejal de Medio Ambiente en Bueu, de donde irradió la idea. Tratamiento integral de los residuos de la comarca, entonces unos 85.000 kilos diarios (a kilo por habitante), en una planta que se construiría a caballo de la parroquia canguesa de Aldán y Bueu para fabricar compost y separar el material reciclable, un 15% del total. Lo irreciclable, se enviaría a la planta de Sogama en Cerceda para su incineración.

El compost tenía afirmada su salida comercial como fertilizante e incluía el tratamiento de los lodos de las depuradoras. No se inventaba nada, todo estaba experimentado y con excelentes resultados. El proyecto fue adjudicado un mes antes de las elecciones. Tenía que estar acabado en 2001. El PP, en la campaña, sostuvo que sólo se quería construir un vertedero al aire libre y las ganó en los tres municipios. Desplazó el polígono previsto, redujo su extensión a unos terrenos que Cangas compró a la condesa de Aldán y cuya propiedad está en litigio, construyó tres túneles de compostaje que nunca se han utilizado y, lo más definitorio, una planta de transferencia, empacadora, para mandar la basura a Sogama, donde todo se incinera con desprecio de dioxinas.

Una parte significativa de los fondos Proder que financiaron el proyecto no se llegó a percibir. Una inspección de la UE constató numerosas deficiencias en las instalaciones de Aldán y aún no se ha certificado el fin de obra. El proyecto sigue las directrices europeas que restringen la incineración y ha sido aplicado en éxito en Cataluña, en Córdoba y otras latitudes. "Aquí aceptaron después implantarlo en O Barbanza. Tienen la planta en Lousame y funciona a la perfección, lo hemos visto", asegura Millán. En O Morrazo los tres ayuntamientos deben pagar 107.000 euros mensuales por el servicio, acumulan deudas asfixiantes con Sogama, que está colapsada, y los vecinos pagan en el recibo de la basura el triple que los del Barbanza. La adaptación de las actuales instalaciones al antiguo proyecto más la maquinaria necesaria costará, según estiman, unos 125.000 euros.

Urbanismo y litigios

El plan general de Cangas apenas dio ningún paso desde que se cambió la consultora. El de Arteplan fue rechazado en 2005, con explosión en la calle. El aún alcalde, Enrique Sotelo, no ha comunicado mayor adelanto de Consultora Galega en el encargo. La falta de equipamientos y de suelo industrial agobia. El plan es vinculante para dos polémicos convenios: el de O Salgueirón, en la antigua Massó, y el de Aldán, en montes cuya titularidad comunal reclaman los vecinos. El primero, para unas 800 viviendas, está supeditado a su vez a la construcción de un macropuerto deportivo que paralizan los vecinos desde hace un par de años. En Aldán, la reclamación vecinal se remonta a 1959, en que el conde de Aldán escrituró unas propiedades que no le correspondían, según los demandantes, pero que ya han sido transferidas por su heredera a las inmobiliarias.

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