El sector del libro se inquieta ante la aprobación de la ley

Libreros, autores, editores y distribuidores -representados por la CEGAL, ACE, ANELE y FANDE, respectivamente- hicieron ayer causa común en la declaración que leyó el director de la Feria del Libro, Teodoro Sacristán: la nueva ley del sector lleva dos meses de retraso, aunque esta semana ha sido aprobada en el Senado y se prevé que la próxima pase por el Congreso. Esto les preocupa y mucho. La campaña de los libros escolares para el próximo curso ya estará en marcha.

La entrega gratuita de los libros de texto es otro de los asuntos candentes. "Queremos expresar nuestra preocupación por las llamadas políticas de gratuidad de los libros de texto, resueltas tramposamente mediante el préstamo de libros usados a los alumnos. La gratuidad de los libros que, sin duda, puede ser un progreso en la implantación de una enseñanza igual y gratuita para todos, se ve ensombrecida por un procedimiento mezquino", denunciaron. Y explicaron en qué consistía tal procedimiento: "Tienen establecido un sistema de préstamo, manteniendo el uso de libros obsoletos, algunos con más de siete años. Para poder conservar los libros, se sustituyen por fotocopias ilegales, que ya merman en un importante porcentaje el mercado del libro".

Tres comunidades autónomas (Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña) fueron señaladas directamente: "Están boicoteando de hecho la implantación de la LOE, demorando el uso de los libros de texto adaptados a los nuevos currículos". Como prueba hablaron de una carta circular de la Junta de Castilla-La Mancha remitida desde la Consejería de Educación y Ciencia. En dicha comunicación se informa a los centros de que tienen la posibilidad de cambiar o de mantener los libros de texto, "dependiendo de la decisión que tome cada departamento en función de la oferta de libros de texto de las editoriales para satisfacer las necesidades metodológicas y el cumplimiento de los objetivos del nuevo currículo".

Las asociaciones del sector del libro expresaron su preocupación por el destino de los cerca de 34 millones de euros que el Ministerio de Cultura presupuestó en la compra de libros para bibliotecas públicas y escolares. El ministerio estableció la transferencia del dinero a las comunidades autónomas a través de convenios. En ellos se establece que las comunidades doblarán esa cifra con una aportación igual que también será destinada a la compra de libros. Este dinero, que estaba establecido que se invirtiese en la compra exclusiva en librerías, no ha calado en los resultados de ventas, según dicen. "Una cifra tan importante de dinero debería haber tenido una clara repercusión en el sector editorial y librero, pero no ha sido así. Por ello, solicitamos a los ministerios de Educación y Cultura que verifiquen si todas las comunidades han realizado el proyecto bibliotecario a que les obliga el convenio".