Pobres, inmigrantes y musulmanes

"Las cloacas se han abierto y los hombres respiran su hedor como un perfume", escribió Stefan Zweig a Thomas Mann en 1933. Se refería al odio que el emergente nazismo difundía en la población contra inmigrantes y judíos. No hemos llegado a estos extremos, pero hay suficientes indicios inquietantes, acciones de unos y omisiones de otros para intentar frenar una escalada que puede resultar trágica. En algunos barrios de Barcelona el anuncio de la apertura de un oratorio (no una mezquita, no las hay en Cataluña) ha originado fuertes reacciones en contra por parte de los vecinos. En estas reacciones se mezclan temores difusos al terrorismo, racismo inconfeso hacia gente considerada extraña y preocupación bastante justificada a que se desvalorice su propiedad. Ha ocurrido estos días en el el barrio de Poble Sec y el Ayuntamiento ha aducido razones "técnicas" para negar el permiso. Sucesos parecidos y renuncias vergonzosas de los municipios se han dado en barrios populares del entorno metropolitano. Otro caso. En Tarragona el Ayuntamiento decide autorizar un oratorio a condición de que se instale en una nave de un polígono industrial, bien lejos de las zonas habitadas y de acceso complicado para sus posibles usuarios. Unos días antes de las elecciones se vota por unanimidad tal despropósito excepto por parte de los dos concejales de Iniciativa. Algunos opinan que este voto negativo puede haber influido en su mal resultado electoral.

La campaña electoral ha proporcionado algunos espectáculos lamentables. El PP se declara orgulloso de haber colocado como una cuestión prioritaria de la agencia política su mensaje: el problema que hay que resolver con la máxima dureza ha dicho que es el binomio inmigración e inseguridad. Estas propuestas irresponsables, pero de impacto en la opinión pública, excitan obviamente los temores y los odios respecto a los "otros". La mayoría de los partidos, incluidos los dos principales a los que se supone impregnados de valores democráticos, miran para otro lado cuando se propone la igualdad de derechos políticos para los residentes legales, sea cual sea su nacionalidad. Pura doctrina del liberalismo democrático del siglo XIX. Incluso, contra el más elemental sentido común, hemos escuchado al líder convergente anunciar que ya tenemos en casa a los terroristas musulmanes y cuando quieren ofrecer una imagen más abierta nos dicen que la cuestión no es el derecho de voto sino la integración por el trabajo y la residencia. Fantástico, como si la igualdad de derechos no fuera un factor de integración y la falta de los mismos no abocara al trabajo precario y a la marginación.

Recuerdo una conversación, en el marco del Fórum famoso de 2004, con uno de los principales responsables políticos del Ayuntamiento de Barcelona. En un ambiente de declaraciones grandilocuentes sobre los derechos de los inmigrantes, incluso por parte del alcalde de entonces, me decía que eran inaceptables estas reacciones de algunos barrios contra los oratorios. Argumenté que si bien compartía esta preocupación, me parecía que deberíamos entender las razones de estos vecinos. Y cité como una de las causas de rechazo la percepción que había en estos barrios de que la presencia de un oratorio, incluso de locutorios, desvalorizaba la propiedad de los pisos, el principal bien que tenían muchos residentes. Y sugerí que convenía valorizar estos equipamientos visibles y de encuentro ofreciendo lugares prestigiosos donde pudiera haber incluso una mezquita, en el barrio Gòtic o en el Eixample. Respuesta: el suelo en Barcelona es demasiado caro para una mezquita. Sin palabras.

El marco político y jurídico convierte a los inmigrantes en gentes que viven en la precariedad legal lo que les hace sospechosos. La seudoconstitución europea sólo trataba el tema de la inmigración desde una perspectiva policial: control de fronteras, represión de la residencia no legal, etcétera. Las leyes de extranjería españolas lo mismo; son normas destinadas a negar o reducir los derechos, a distinguir la situación de extranjería de la ciudadanía. La ordenanza del civismo de Barcelona trata en su articulado a la inmigración como colectivo peligroso o molesto, a pesar de algunas declaraciones genéricas iniciales contra el racismo y la xenofobia, incluso declara que se facilitará la regulación de los inmigrantes que denuncien a otros inmigrantes que no cumplan con la legalidad. Es decir, que, hay que suponer sin pretenderlo, los poderes públicos, los líderes políticos y muchos medios de comunicación excitan los miedos y el racismo de unos y criminalizan y marginan a los otros.

En España la inmigración es un hecho reciente. No podemos suponer que el marco institucional se adapte perfectamente, pronto y en su totalidad a esta situación y ofrezca un conjunto de mecanismos integradores que funcionen con fluidez y a gusto de todos. Tampoco podemos esperar que todos los sectores populares que han conquistado su arraigo en la ciudad a muchos años de trabajo y privaciones que acepten de entrada y de buen grado en lo que consideran su territorio a una población nueva, distinta, marcada por su pobreza muchas veces y por su precariedad. Y a la que se le atribuye una peligrosidad potencial vinculada a su religión. A lo que se añade que en algunos aspectos puede competir con la población nacional: lugares de trabajo, vivienda social, becas escolares de comedor, etcétera.

Si el marco legal, político y mediático los discrimina, estos sectores pueden deducir lógicamente que los recién llegados no tienen los mismos derechos. Las reacciones de rechazo no son aceptables y afortunadamente hay iniciativas de signo contrario. Por ejemplo Nou Barris acull, iniciativa vecinal que establece redes de apoyo y convivencia con los inmigrantes. Es lícito exigir pues que las autoridades y los líderes políticos sean responsables, defiendan la igualdad de derechos y deberes de todos los residentes en un territorio y busquen fórmulas nuevas para promover la participación y la integración política y social de la población de origen inmigrante. Sin iniciativas valientes y novedosas que sirvan de experiencia en los ámbitos locales no se cambiará el ámbito estatal, más temeroso y excluyente.

En vez de practicar la política del miedo y de la represión, ehamos en falta prácticas innovadoras. En tanto que el marco legal no apruebe la igualdad de derechos políticos y, por lo tanto, del derecho a votar y a ser elegido, se pueden promover elecciones entre los colectivos inmigrantes y sus representantes integrarles en las instituciones con derecho a voz, aunque formalmente no tengan el de votar en estas asambleas. Se pueden hacer campañas para estimular la participación de la población inmigrante en la práctica y las competiciones deportivas. Valorizar su cultura y reconocer las dimensiones positivas de su religión en vez de ignorar lo primero y ofrecer una imagen caricaturesca de lo segundo. Y estimular y publicitar prácticas positivas de convivencia. Sin excluir obviamente la sanción tanto a los actos violentos o delictivos de unos y otros la experiencia política y la investigación social nos enseñan que los fenómenos de naturaleza colectiva y cultural no se resuelven por la vía represiva.

Jordi Borja es urbanista.