Cambios fiscales pendientes

Las posibilidades tributarias de las Comunidades Autónomas de régimen común son todavía limitadas. Pero existen. Por eso es viable para Galicia diseñar un sistema con diferencias respecto a la media española. Un sistema que se adapte a las necesidades y oportunidades que se acentúan en el caso gallego.

Los socios del Gobierno bipartito criticaron en su día las medidas de tipo fiscal introducidas sucesivamente por los gobiernos de Manuel Fraga. Y ambos incorporaron en sus programas y anuncios promesas de cambios fiscales. Sin embargo, por prudencia o necesidad de reflexión más pausada, los presupuestos para 2006 y 2007 dejaron las cosas como estaban: las alteraciones introducidas en el presupuesto vigente son anecdóticas. Seguramente será 2008 el ejercicio en el que entre en vigor una legislación tributaria remozada. Porque no cabe dudar de las intenciones de cambio del gobierno actual; y porque ya no queda mucha más legislatura después. Con esa restricción temporal en mente, el Diario Oficial de Galicia debería reflejar la nueva política fiscal en la segunda parte de 2007.

A mi juicio, entre los cambios fiscales que deberíamos observar en breve estarían los siguientes:

Primero, la creación de un nuevo impuesto sobre la producción de las hidroeléctricas. Anunciado ya por el Gobierno autonómico, un impuesto con tipos moderados sobre el caudal de agua utilizado permitiría que parte de los beneficios generados por esta producción fuesen a las arcas gallegas. Segundo, la revisión del actual impuesto sobre contaminación atmosférica, para corregir alguno de sus defectos congénitos. Algo similar debería ocurrir con el canon de saneamiento. Tercero, sería razonable pensar en la aplicación de impuestos verdes ensayados con éxito en otros parajes. En particular, tributos sobre residuos sólidos y sobre la producción de las canteras. Buena parte de lo anterior ha sido estudiado en las universidades gallegas bajo la elocuente etiqueta de "reforma fiscal verde". Como muestra pueden consultarse el libro Chaves da economía pública galega, editado por Galaxia en 2006 y la página web webs.uvigo.es/xavier. La justificación de que Galicia lidere estos cambios es evidente, como potencia productora de materias primas: energía térmica e hidráulica y piedra de cantería.

Otro problema que afecta particularmente a Galicia es el de la natalidad insuficiente. En el artículo sobre política familiar que publiqué en las páginas de este diario hace unas semanas destacaba la relevancia de la legislación, las prácticas laborales y la red de guarderías a la hora de incentivar la natalidad. Sin embargo, la fiscalidad puede también coadyuvar a mejorar la situación de las familias con hijos. En particular, en el ámbito del IRPF sería posible y deseable que la Comunidad Autónoma incrementase significativamente la deducción por descendientes, tanto en cuantía como en duración. Sería un cambio sencillo y que contribuiría a la equiparación fiscal entre hogares con hijos y sin hijos: las actuales reducciones y deducciones por este concepto resultan claramente insuficientes.

En el caso del Impuesto sobre sucesiones, el Gobierno autonómico debería ser particularmente hábil para corregir alguna de las deficiencias que presenta en la actualidad (tarifa excesivamente progresiva, exenciones de difícil justificación...) sin poner el impuesto en cuestión. Es verdad que la presión que generan las medidas de desfiscalización de las herencias en otras comunidades autónomas es muy fuerte. Ante ello la Comunidad gallega debería promover los acuerdos multilaterales de mínimos o, si estos son imposibles de alcanzar, la devolución del impuesto a la Hacienda central para que fije unos parámetros homogéneos para el conjunto de España.

El impuesto sobre sucesiones es un impuesto necesario e importante. Salvo que optemos porque las herencias empiecen a tributar en el IRPF como los salarios, las rentas empresariales o los intereses bancarios. A lo mejor es lo que debería hacerse.