La gestora reduce la deuda de Marbella a 45 millones de euros

La Comisión Gestora de Marbella culmina estos días una labor que dejará encauzada la deuda heredada de los gobiernos del GIL. Las intensas negociaciones con el BBVA y el Banco de Crédito Local (BCL), principales acreedoras, y el anticipo reintegrable de 6,6 millones de euros aportado por la Junta de Andalucía, han logrado que las arcas municipales pasen de deber 63 millones de euros a 45 millones. En el último pleno antes de la toma de posesión de la nueva alcaldesa, Ángeles Muñoz, se aprobaron ayer los convenios por los que el Ayuntamiento entregará un primer pago de 6,6 millones al BBVA el mes próximo y el banco desbloqueará una serie de propiedades embargadas, entre las que se encuentra un solar del núcleo de San Pedro Alcántara destinado a un centro de salud.

"El convenio ha supuesto una rebaja importante, con unos tipos de interés más favorables y la posibilidad de aplazamiento del pago a 15 años", aseguraba ayer el presidente de la gestora Diego Martín Reyes. También permite levantar el embargo de la enorme cantidad de propiedades municipales intervenidas, conforme la nueva corporación vaya satisfaciendo la deuda. Según el vocal de Economía y Hacienda, Carlos Rubio, lo que más afectaba a la deuda municipal eran los intereses de demora, que suponían unos 34 millones de euros, y las negociaciones han logrado liberalización de una parte de la deuda "de unos 13 millones de euros".

El 8 de mayo, Martín Reyes consiguió que la Consejería de Economía y Hacienda adelantara 6,6 millones de euros como primer pago al BBVA y al BCL. El dinero forma parte del anticipo reintegrable de 100 millones que la Junta ha concedido a Marbella para normalizar el Ayuntamiento.

En las numerosas reuniones con los bancos, en las que también ha intervenido el vocal de Industria Fidel Fernández Nieto, ha sido fundamental "la postura positiva" del BCL y BBVA para hallar una solución que beneficie a las arcas municipales y la recuperación de inmuebles embargados.

La deuda municipal ha supuesto el embargo desde 1991 de numerosas propiedades municipales, como el cementerio del núcleo poblacional de San Pedro de Alcántara, tres tenencias de alcaldía, tres centros de salud y numerosos centros educativos. El fallecido alcalde Jesús Gil ignoró durante más de una década que debía este dinero a los bancos y sus sucesores Julián Muñoz y Marisol Yagüe hicieron lo propio.