La deuda es el evento

El Consell de la Generalitat valenciana que se constituya tras las elecciones autonómica de hoy gestionará un presupuesto que supera por primera vez en 2007 los 12.000 millones de euros (dos billones de las antiguas pesetas). Sin embargo, su margen de maniobra será escaso. La nómina de los empleados de la Administración autonómica consume algo más de un tercio de los fondos. Si se acumulan a la nómina los costes de las facturas de luz y teléfono y el pago a terceros de los servicios públicos concertados por la Generalitat, el porcentaje de gastos comprometidos ronda el 83% del presupuesto. El gasto previsto en inversiones públicas apenas alcanza un 7% del total. Cualquier exceso requiere el recurso a la deuda. Pero ahora, esa opción también es limitada.

El coste de los intereses de la deuda equivale al presupuesto del área de Bienestar Social

Los políticos aseguran que los presupuestos son la expresión cifrada de su voluntad de transformar la realidad. Pero las sucesivas competencias asumidas por la Generalitat valenciana comprometen la práctica totalidad de los ingresos de la Administración autonómica y cercenan esa capacidad tranformadora. Aunque no la anulan.

La sanidad (40%), la educación (25%) y la atención a mayores y otros ciudadanos dependientes (4% hasta la fecha) consumen el 80% del gasto público.

Responsables políticos valencianos de uno y otro signo asumen desde hace dos décadas que el Estado siempre ha sido cicatero con la Comunidad Valenciana a la hora de financiar las competencias transferidas y distribuir los fondos que recauda entre los gobiernos autonómicos.

El último modelo de financiación autónomica, pactado en 2001, supuso una mejora para los valencianos. Pero la población beneficiaria de los servicios públicos que presta la Generalitat ha crecido cerca de un 15% desde entonces.

La consigna del déficit cero que impusieron los sucesivos gobiernos centrales de José María Aznar no contribuyó precisamente a mejorar las cosas. Sólo estimuló la contabilidad creativa. La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno y de Pedro Solbes al Ministerio de Hacienda llevó a una revisión de las finanzas de todas las autonomías que desembocó en el denominado pacto de estabilidad presupuestaria. Un acuerdo entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas que impone a la Comunidad Valenciana y a Cataluña ciertas restricciones en el gasto y, sobre todo, en el recurso a la deuda, para acercar las cuentas públicas a la realidad. El plazo previsto para ese objetivo vence este año.

El recurso a la deuda de la propia Generalitat o de sus empresas públicas ha sido una vía para ofrecer impresión de dinamismo. "Que se note", decía Eduardo Zaplana a los miembros de su primer Consell. Pero la deuda pública de la Generalitat ya representa casi la quinta parte de la deuda de todas las comunidades autónomas. Y si la corresponsabilidad fiscal debe correr en paralelo a la gestión de mayores competencias, cabe recordar que las deudas de hoy son los impuestos de mañana. Por el momento, los fondos destinados a pagar intereses derivados de esas obligaciones asumidas por todos los valencianos en los presupuestos de 2007 -el denominado servicio de la deuda está dotado con más de 500 millones de euros-, equivale a todo el gasto previsto por la Consejería de Bienestar Social. Si los grandes eventos han disparado la deuda, vale decir que para el próximo responsable de Hacienda, la deuda será el evento. Siguen algunos de los quebraderos de cabeza que tendrá que afrontar.

SANIDAD. El gran sumidero

El presupuesto de Sanidad para 2007 supera los 5.000 millones de euros, un 40% del gasto total previsto por el Consell. La nómina, los pagos a proveedores y los pagos a terceros por prestaciones sanitarias concertadas superan los 4.860 millones de euros, el 95% del total. Los fondos disponibles para mejorar la red sanitaria son prácticamente residuales.

A pesar de su volumen, el gasto sanitario por habitante en la Comunidad Valenciana ocupa el penúltimo lugar entre todas las comunidad autónomas.

La demanda de prestaciones sanitarias crece a la par que los avances científicos. Lo mismo que el precio de los aparatos médicos. Es una pescadilla que se muerde la cola.

Pero el mayor problema reside en el aumento de la población. El censo de la Comunidad Valenciana en 2005 era de algo más de 4,6 millones de habitantes. Pero el número de tarjetas sanitarias distribuidas por el Servicio Valenciano de Salud ronda los cinco millones. El dato revela un problema de carácter estructural que no puede esquivar el próximo Consell. Al menos 300.000 residentes extranjeros, en su mayoría jubilados, tienen tarjeta sanitaria pero conservan su domicilio fiscal en sus países de origen. Cualquier estimación del gasto sanitario que debería asumir la Generalitat parte con una desviación superior al 6%.

Si España todavía no ha resuelto las compensaciones entre gobiernos autonómicos por prestar atención sanitaria a vecinos de otras comunidades, en el ámbito de la Unión Europea apenas se ha planteado la cuestión.

Para salvar el problema, los responsables de gestionar la Sanidad han recurrido a ocultar facturas en los cajones. La Sindicatura de Comptes detectó facturas ocultas por un total de 1.200 millones de euros en 2005. Hacienda ha sugerido tapar ese hueco con un crédito que permita diferir el pago durante 25 años, es decir, recurrir a la deuda.

EDUCACIÓN. ¿Cuántas redes?

Los servicios educativos consumen 3.000 millones de euros, la cuarta parte del presupuesto. La red escolar pública de la Comunidad Valenciana adolecía de notables carencias cuando la Generalitat asumió la gestión de la educación. Pero el supuesto descenso de la población que vaticinaban los grandes analistas hasta mediados de los noventa relegó el asunto. Los conciertos con terceros, esencialmente órdenes religiosas, cubrían la demanda.

Como en el caso de Sanidad, la nómina, los pagos a proveedores y la factura por servicios concertados consumen más de 2.800 millones de euros. Y la demanda, al contrario de lo previsto, no deja de crecer.

Para paliar la necesidad de centros escolares públicos, la Generalitat optó por constituir una empresa pública, Ciegsa, encargada de construirlos y de diferir su coste a largo plazo, otra vez la deuda. Pero a pesar del aumento y mejora de la red pública, los conciertos con entidades privadas se han disparado en los últimos años y está previsto que la subveción pública se extienda a cursos que desbordan la educación obligatoria. Surge la pregunta: ¿Cuántas redes requiere la educación de los valencianos del mañana?

NUEVOS GASTOS. Carrera y dependencia

Los gestores públicos temen el alza de los gastos fijos de carácter estructural, pero esa partida está condenada a crecer. El acuerdo alcanzado con los empleados de la Sanidad pública para reconocer su carrera profesional con complementos retributivos elevó la nómina del departamento por encima del 10% en un año. Sólo es cuestión de tiempo que ese acuerdo se amplíe a los docentes y los funcionarios de justicia. Lo mismo que el impulso de las medidas tendentes a conciliar la vida profesional y familiar de todos los empleados públicos.

La nueva ley de dependencia aprobada por el Gobierno central también obliga a las comunidades autónomas. Es de esperar que, una vez superado el proceso electoral, las negociaciones entre administraciones para compartir los costes de su aplicación sean más constructivas que hasta la fecha.

EMPRESAS PÚBLICAS. Responsabilidad diferida

Las empresas públicas de la Generalitat se han multiplicado en paralelo a las iniciativas de carácter emblemático de la Generalitat. Un circuito de carreras, un estudio de cine, una ciudad de las artes o las ciencias, un aeropuerto, incluso un parque de atracciones, se han levantado a través de una sociedad anónima creada al efecto. Esa forma de proceder ha disparado la deuda pública de la Generalitat que, a la postre, es la que avala a esas sociedades.

Pero otras empresas que gestionan servicios públicos generan problemas de otro orden. El modelo es Ràdio Televisió Valenciana. Las sociedades que gestionan los canales autonómicos de televisión y radio acumulan una deuda superior a los 600 millones de euros. Y año tras año, cierran sus cuentas con déficit. El año pasado, la diferencia entre gastos e ingresos superó los 90 millones de euros.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que gestiona los trenes de cercanías, el metro de Valencia y el tranvía de Alicante, está condenada a ser deficitaria. Pero sus deudas se han disparado hasta los 900 millones de euros porque el Consell ha insistido en encomendar a la empresa inversiones que no le corresponden. Su pago, otra vez, se difiere a través de la deuda.