Las elecciones abren el camino al debate de la ley Municipal, pendiente desde los años ochenta

Con las votaciones de mañana y la constitución, el 17 de junio, de los nuevos ayuntamientos habrá sonado la hora del debate sobre la ley Municipal. Tras más de 20 años de espera, los municipios se encuentran de pronto con dos proyectos distintos sobre la mesa: el anteproyecto que el Gobierno ha sometido a la consideración de ayuntamientos y diputaciones y el que los socialistas han llevado ya a la Cámara con la intención de espabilar el debate y conjurar el riesgo de que el otro texto no llegue. Ante la resistencia de los alcaldes en ejercicio a valorarlos, este periódico ha pulsado la opinión de dos ex regidores, actualmente senadores, Javier Albistur (PNV) y Alberto Buen (PSE) y del profesor de Derecho Administrativo de la UPV José Manuel Castells.

Si las cosas ruedan como debieran, éstas deberían ser las últimas elecciones locales sin una Ley Municipal en Euskadi. Sin embargo, nada está garantizado, aunque se hayan juntado dos propuestas sobre la mesa. Al Gobierno le ha sentado muy mal que el PSE lleve un texto propio al Parlamento y, pese a afirmar que coincide con el suyo en casi la mitad, hará todo lo posible para que no pase el filtro de la toma en consideración. No obstante, ninguno puede prescindir del otro, si desean una ley que satisfaga globalmente a los municipios, dada la implantación de peneuvistas y socialistas en ellos.

Si en algo coinciden las tres opiniones recabadas por este periódico es en que los dos proyectos pueden confluir. De hecho, el propio Gobierno señaló, al oponerse al debate en la Cámara del texto del PSE, que coincide con el suyo en un 40%.

Ninguno de los actuales alcalde y candidatos en liza contactados quiso valorar los proyectos. Por ello, este periódico requirió la opinión de dos ex alcaldes pertenecientes a los partidos con mayor implantación municipal y un especialista en la materia. Esta es su valoración.

- José Manuel Castells. Catedrático de Derecho Administrativo de la UPV.

"Ambos proyectos se revelan muy conscientes de la importancia y la dificultad que suponen los territorios históricos, cuyas competencias se solapan con las municipales, y los dos son respetuosos con esa realidad; el PSE incluso reconoce abiertamente que, por ello, no valen las referencias de otras comunidades. El texto socialista es académicamente muy bueno, incluso brillante en algunas partes, innovador y muy municipalista: les da a los ayuntamientos también las competencias residuales, es decir, aquellas que no ejerzan ni los territorios ni el Gobierno".

"El del Ejecutivo", opina Castells, "es más pragmático, menos doctrinario y afronta los problemas de modo más realista. Las dos coinciden en la presencia de los municipios en Consejo Vasco de Finanzas a través de una reforma de la LTH y la socialista abre la puerta a su participación hasta en los tributos concertados. Esto me parece irreal, son temas de mucha altura en los que no puedes meter a los municipios. Tal vez fuera posible a través de Eudel. En el del Gobierno parece un poco deficiente el ensamblaje entre los territorios y el propio Gobierno. Es bastante unitario y le da un considerable poder a los órganos competentes del propio Ejecutivo en materia de administración local, aunque se ha tentado la ropa respetando el ámbito foral. Mientras, el socialista les reduce mucho a los territorios el espacio de actuación. Por ejemplo, rompe con la tutela de los territorios históricos sobre los presupuestos de los municipios.

- Xabier Albistur. Alcalde de San Sebastián por EA entre 1987 y 1991. Actual senador del PNV.

"Los dos proyectos reconocen la capacidad de iniciativa política y el principio de subsidiariedad, y los dos buscan cubrir las demandas que todos hemos sentido de racionalizar la gestión pública sin invadir el terreno de nadie y con reconocimiento de la financiación de las competencias que se ejercen. Pero hay dos conceptos distintos de fondo. En el del Gobierno, aunque tiene algunas contradicciones, hay mucho más acomodo a la realidad institucional de Euskadi, a la forma de actuación de diputaciones, Gobierno y ayuntamientos".

"La visión del PSE", agrega Albistur, "aunque su proyecto tiene cosas que están muy bien, es excesivamente reglamentista. El detallismo encajona a las instituciones y complica la coordinación, que es mejor que no esté muy regulada, dadas las diferencias en la realidad municipal de cada territorio. La ley Municipal debe fijar sólo principios básicos: la participación en la distribución de recursos y en la aprobación de planes, la capacidad de iniciativa política, el principio de subsidiariedad y las directrices generales de las relaciones entre instituciones, basadas en los principios de coordinación, cooperación y no intervención, así como los mecanismos y órganos para conseguirlo. El resto debe territorializarse." "Yo me ahorraría", dice, "el Consejo Vasco Municipal que propone el Gobierno y haría una comisión específica de asuntos municipales en las Juntas Generales, donde se fije lo que cada ayuntamiento puede hacer, que depende mucho de su tamaño, y la dotación económica que precisa".

- Alberto Buen, alcalde de Irún entre 1983 y 2003 y vicepresidente de Eudel de 1995 a 2002. Senador por el PSE y partícipe de la elaboración de la proposición de ley socialista.

"Son dos propuestas que sirven para encontrar el camino del acuerdo. No hemos copiado la del Gobierno, como se ha dicho, pero sí vimos que en ella había cosas aceptables. Deberían estar contentos por esto. La dificultad está en la participación en el Consejo Vasco de Finanzas y en las encomiendas de gestión y las leyes sectoriales que planteen obligaciones a los ayuntamientos, si éstas no vienen acompañadas de los recursos económicos. Eso no está suficientemente contemplado en el proyecto del Gobierno".

"Lo más importante de nuestra proposición de ley es la participación en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), que el Gobierno recoge también, pero dejando en manos de las diputaciones el nombramiento de los representantes municipales. Nosotros queremos que se haga desde Eudel y entre las tres fuerzas más representativas, para que el CFV no se convierta en monocolor. También el modo de adopción de acuerdos ofrece más garantías a los ayuntamientos, porque se exige el voto afirmativo de al menos uno de sus tres representantes y la no oposición de los otros y de los tres representantes de las diputaciones".

"En las competencias", concluye Buen, "apenas hay discrepancias: a poca voluntad que pongamos las dos partes, y el resto de los grupos, es factible una buena ley. La aportación de Eudel podemos canalizarla durante el debate parlamentario sin problemas.