Entre rejas y a la espera de juicio 11 meses después

El 29 de junio de 2006, cuatro días después de la captura del soldado judío Gilad Shalit en una base militar limítrofe con Gaza, los organismos de seguridad israelíes lanzaron una redada similar en Cisjordania, aparte de la invasión y la destrucción de las infraestructuras civiles en Gaza. Fueron encarcelados hace 11 meses una treintena de ministros y legisladores. Aún permanecen entre rejas. Caben pocas dudas de que no se trató de una actuación judicial porque incluso el viceprimer ministro israelí, Simón Peres, puso en duda la legalidad de la operación y planteó la necesidad de que se presentaran cargos.

Los dirigentes políticos islamistas, acusados de apoyar el terrorismo, no han sido juzgados todavía. Es evidente, por la coyuntura en que se produjo, que se trató de una represalia por el aumento del fuego palestino sobre Sderot y los pueblos cercanos a Gaza, y que si Shalit no es liberado, pocas probabilidades hay de que abandonen la prisión. El propio Ministerio de Exteriores habla en un comunicado de que se trata de ejercer presión para que Hamás dé un paso atrás.

Los beligerantes se acusan siempre de iniciar las hostilidades. Poco importa, porque el fondo del asunto radica en otra cuestión. Mientras Israel emplea el argumento de que abandonaron Gaza en agosto de 2005 -el territorio sigue bajo ocupación, según la legalidad internacional- y que la reacción ha sido el aumento de las agresiones con cohetes Kassam, las milicias palestinas insisten en que no se puede deslindar lo que sucede en la franja de los incesantes abusos que provoca la ocupación de Cisjordania.

La historia se repitió ayer. "La detención de los dirigentes de Hamás es un mensaje a las milicias, a las que exigimos que dejen de disparar cohetes contra la población civil. Son mejores los arrestos que los disparos", manifestó el ministro de Defensa, el laborista Amir Peretz.