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El alto funcionario destituido por Txabarri ocultó sus negocios con Bravo

La Diputación de Guipúzcoa informó ayer de que ha destituido a Rufino Eizaguirre de su cargo como jefe de la oficina técnica del gabinete del diputado general por ocultar a la institución foral que es socio de José María Bravo, principal imputado por el fraude de la Hacienda de Irún, en dos empresas que supuestamente fueron empleadas para blanquear el dinero sustraido.

El portavoz foral, Koldo Azkoitia, confirmó la destitución de Eizaguirre como alto funcionario, un cargo de libre designación que viene desempeñando desde antes de iniciarse este mandato. Justificó su relevo por no comunicar a la Diputación que es administrador único de la empresa Ekialde SL y que tiene participaciones en Roza Cabera SL. Ambas sociedades figuran en la denuncia del fiscal como dos de las empresas que utilizó la trama dirigida por José María Bravo para encubrir el dinero defraudado. Eizaguirre, en su condición de alto funcionario, estaba obligado a hacer constar su participación en estos negocios en la declaración de actividades que realizó ante la Diputación, dijo Azkoitia.

Eizaguirre lleva 20 años trabajando en el Departamento de Cultura, adscrito desde 2003 al gabinete del diputado general. Azkoitia aseguró que esta persona "no es un cargo político, ni un cargo de confianza", y matizó que se trata de uno de los 98 altos funcionarios nombrados libremente con que cuenta la institución foral en la actualidad. También recordó que Eizaguirre no figura como imputado en el caso y que seguirá trabajando como funcionario mientras no exista una sentencia en su contra.

Experto penalista

Por otro lado, la Diputación tiene previsto contratar esta misma semana a abogado penalista de "prestigio" que colaborará con los letrados de esta institución en la causa abierta por la presunta estafa en la Hacienda de Irún. Tras recordar que el ente foral se ha personado como acusación particular en este procedimiento judicial, Azkoitia añadió que los servicios jurídicos de la Diputación van a tratar durante el juicio con jurado de que "los generadores del fraude asuman la responsabilidad de resarcir las cantidades defraudadas", que ascienden a más de cinco millones de euros, según las últimas averiguaciones realizadas por la Hacienda tras descubrir 35 expedientes irregulares.

Para continuar con la investigación interna de este caso, el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas contará con una nueva jefatura en la unidad de inspección. Tendrá la misión de reforzar la estructura de inspectores encargada de analizar la situación patrimonial de todas las empresas señaladas por el fiscal como "partícipes" en las propiedades y sociedades que sirvieron para ocultar el dinero sustraido. Entre estas personas figuran el ex senador del PNV Víctor Bravo, su esposa, Arantxa Arbelaitz, y Rufino Eizaguirre, entre otros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de mayo de 2007