El PSE recurre al turno social para poder enmendar el proyecto del currículum escolar

El PSE ha tenido que echar mano del llamado turno social para poder presentar enmiendas al proyecto de currículum escolar vasco que Educación detalló en el Parlamento hace dos semanas. La ausencia de un debate en la Cámara durante los meses que ha durado la elaboración del currículum y la imposibilidad de que se produzca en las próximas semanas -el texto se empezará a aplicar el próximo curso-, ha llevado a los socialistas a utilizar el turno social, el que emplean los colectivos ciudadanos para poder presentar sus aportaciones a los proyectos legales.

El currículum recoge las líneas básicas que regirán la enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años) en el futuro en la comunidad autónoma. Este documento sólo regula el 45% de los contenidos que deben aprender los alumnos, ya que el 55% restante lo fija el Ministerio de Educación y es común para todos los estudiantes de España.

El plazo para presentar alegaciones al proyecto finalizó ayer mismo, por lo que los socialistas llegaron justo a tiempo. La responsable de cuestiones educativas del PSE, Isabel Celaá, explicó que su partido deseaba debatir la propuesta de currículum en el Parlamento y por ello planteó en varias ocasiones a Educación la necesidad de que presentase su proyecto en la Cámara con tiempo suficiente para su discusión. Y sobre todo, cuando el año pasado empezaron a salir a la luz pública los borradores que se estaban elaborando desde la red concertada (la Confederación de Ikastolas y el Kristau Eskola-Colegios Cristianos).

Sin embargo, el departamento optó por elaborar el currículum oficial de puertas adentro, es decir, contando con las aportaciones de la red concertada y de la pública, pero sin que los partidos pudiesen dar su opinión. La consejería entiende que la elaboración de un currículum escolar supone una competencia exclusiva de la Administración.

"Negar la realidad"

Celaá se congratula de que el proyecto de currículum del departamento mantenga "en esencia" lo marcado por la Ley Orgánica de Educación (LOE) y considera que hay un seguimiento casi exacto de la LOE en cuanto a la estructura de la enseñanza, evaluación, salidas para el alumnado con retraso escolar grave o la aplicación de programas de cualificación profesional a partir de los 16 años, por ejemplo. Sin embargo, también reivindica cambios de fondo y enmienda completamente algunos apartados del texto original. Es el caso de la consideración del euskera como la lengua principal en el ámbito escolar. Para los socialistas, este planteamiento sólo sirve para "negar" la propia realidad del País Vasco, donde un 75% de la población tiene el castellano como primera lengua.

"Euskadi tiene dos lenguas oficiales. Imponer una de ellas como lengua principal en la enseñanza crea problemas de convivencia, vulnera la libertad individual y la autonomía de cada centro para establecer su propio proyecto lingüístico", apunta el PSE en sus alegaciones. De esta forma, su propuesta pasa por sustituir el enunciado que figura en el proyecto -"el euskera será en todos los casos la lengua principal en el ámbito escolar"- por el siguiente: "El euskera y el castellano serán las lenguas principales" en la enseñanza.

Conectado con este cambio, se encuentra la siguiente propuesta del PSE: eliminar la exigencia que incluye el proyecto de que al terminar la enseñanza obligatoria los alumnos realicen un examen de euskera para comprobar si alcanzan el nivel B2 (equivalente a un First Certificate de inglés o al título oficial de la escuela de idiomas). "Sólo debería tratarse de una prueba externa, opcional y, por lo tanto, fuera del ámbito curricular", recalcan los socialistas.

La parlamentaria también se refiere en sus alegaciones a la necesidad de superar algunos aspectos doctrinarios y pone el énfasis en "la sistemática y abusiva" utilización del término "Euskal Herria". "Si con él se quiere decir País Vasco se deben utilizar las dos expresiones de manera conjunta. Si se quiere hacer referencia al país del euskera sólo debe emplearse con referencias culturales", dice.

Celaá reclama finalmente que la concesión de mayor autonomía a los centros para que impartan más horas de clase de las asignaturas que deseen reforzar se desarrolle a través de la Ley de Escuela Pública Vasca, que ya prevé mecanismos para ello. Además, aboga por regular la financiación que permita que esa autonomía resulte realmente efectiva y no se quede en papel mojado.