El tripartito incumple la ley de Prevención

El Gobierno está incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al no tener elaborada la preceptiva evaluación de riesgos psicosociales ni en la Administración general ni en Interior, un catálogo imprescindible para elaborar posteriormente la normativa con los procedimientos a seguir en caso de apreciar un problema de acoso. En este caso, el Ejecutivo ha comenzado la casa por el tejado. Si la lógica, los expertos y las sentencias judiciales, además del propio Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, recomiendan iniciar el proceso con la elaboración de un informe con la evaluación de riesgos psicosociales y luego aprobar la normativa reguladora, el Ejecutivo lo ha hecho a la inversa. Fuentes del tripartito insisten, no obstante, en que se están dando los primeros pasos para su confección.

El Boletín Oficial del País Vasco publicó el pasado 27 de diciembre la orden que regula los procedimientos a seguir desde la denuncia de un caso de acoso en cualquiera de sus variantes hasta la investigación final. El Gobierno lo ha hecho a la vista de que las primeras sentencias judiciales por acoso están subrayando la obligatoriedad de disponer de la evaluación de riesgos y de la norma reguladora. Así ha sucedido ya en los ayuntamientos de San Sebastián y Bilbao y en otras administraciones públicas.

"Todo el sistema diseñado por Interior en el protocolo queda dentro: es como meter al zorro en el gallinero", asegura el sindicato policial Erne, muy crítico con un diseño que lo "único que pretende en tapar los casos de mobbing dentro de casa, lavar los trapos sucios sin que nadie se entere". "Y sin ninguna garantía. El denunciante está solo ante la Administración", añade un abogado de este sindicato.

Tal y como ya se le ha advertido al tripartito desde el propio Observatorio contra el Acoso, la jurisprudencia está construyendo un universo cada vez más exigente frente al acoso.

Las sentencias fijan la responsabilidad patrimonial de la Administración en estos casos, y si el empleador no dispone de evaluación de riesgos, el juez está usando la figura del recargo de prestaciones, que supone un coste adicional de entre un 30% y un 50% con cargo a la Administración afectada. Es decir, el juez exige que haya prevención y educación contra esos casos antes de que se produzcan, y un mecanismo para afrontar el problema después, si se ha producido.