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Acusado de corrupción el ministro de Energía brasileño

Juan Arias

La Policía Federal brasileña acusó ayer al ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, de haber recibido presuntamente 100.000 reales de propina (unos 37.700 euros) en su propio despacho tras haber favorecido ilegalmente a la constructora Gautama, de Bahía. La policía detuvo la semana pasada a 43 personas en 10 Estados, entre ellas políticos, funcionarios públicos y empresarios, acusados de fraude contra el Estado. Uno de los detenidos fue el propietario de la citada constructora, Zuleido Veras, como el "gran jefe" de la cuadrilla que sobornaba a políticos para recibir concesiones irregulares de contratos para obras públicas.

Según informaba ayer el diario O Globo, la Policía Federal tendría también en su poder una supuesta lista de 40 diputados federales con la cantidad recibida en dinero o regalos de la constructora Gautama por haber conseguido para ella contratos ilegales.

43 políticos, empresarios y funcionarios han sido detenidos por fraude contra el Estado

La policía siguió los pasos del empresario, con grabaciones realizadas incluso dentro de los servicios del aeropuerto, lo que permitió sorprender a Zuleido llevando un sobre con 100.000 reales que habría entregado en Brasilia a su secretaria particular, Tereza Lima. Ésta accedió al Ministerio de Minas y Energías por el ascensor privado del ministro, y una vez en su gabinete, habría entregado el dinero a su asesor especial, Ivo Almeida, que fue también detenido la semana pasada en relación con la citada trama de corrupción, que ha recibido el nombre de Operación Navaja.

El ministro Rondeau, que ayer estaba en Asunción acompañando al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su viaje oficial a Paraguay, negó haber recibido dinero de la empresa Gautama. "Son sólo suposiciones, y uno no puede probar una mentira", dijo el ministro, quien añadió que seguiría en el cargo a no ser que el presidente Lula decidiera otra cosa.

Según las informaciones publicadas ayer por la prensa brasileña, Lula estaba muy preocupado por las revelaciones sobre la presunta corrupción del ministro y estudiaba la posibilidad de retirarlo del cargo. En el caso de que la policía acabe acusando y deteniendo al ministro, sería el Tribunal Supremo quien debería juzgarle, ya que los ministros gozan de fuero especial.

La Operación Navaja se está revelando como uno de los escándalos de corrupción de mayor envergadura en los tiempos de la democracia en este país. Tanto el ministro acusado de presunta corrupción como el propietario de Gautama son amigos de personajes importantes de la política, que a su vez apoyan a Lula, como el presidente del Senado, Renán Calheiros, y el senador y ex presidente de la República José Sarney.

Hasta la ministra de la Casa Civil, la ex guerrillera Dilma Rouseff, brazo derecho y una especie de primera ministra de Lula, aparece citada por la prensa por haber sido vista junto al actual gobernador de Bahía, Jacques Wagner, ambos del Partido de los Trabajadores (PT), navegando en el yate del empresario Zuleido Veras, una embarcación de lujo valorada en 1,5 millones de dólares (1,1 millones de euros). Tales hechos fueron grabados por la policía.

La ministra Rouseff ha alegado que no sabía que el barco era del dueño de la empresa Gautama, y que creía que había sido alquilado por el gobernador.

Según informaciones de la revista Veja, dicho empresario habría contribuido a sufragar los gastos de la campaña electoral del gobernador de Bahía, cosa que el interesado ha negado.

No es la primera vez que altos funcionarios del Gobierno de Lula son acusados de corrupción.

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