Las investigaciones de la fiscalía sobre delitos urbanísticos se triplicaron en 2006
El ministerio público critica las promesas de IU a los parcelistas de Medina Azahara
Los fiscales medioambientales andaluces abordaron el problema de las parcelaciones ilegales durante 2006. Y el resultado fue que el número de delitos urbanísticos investigados se triplicó respecto a 2005. Se actuó en urbanizaciones ilegales que nunca se habían investigado. En el caso de las casas del entorno de Medina Azahara (Córdoba) los fiscales medioambientales, que ayer presentaron su memoria anual, advierten de la aparición de nuevas construcciones y critican las promesas de saneamiento que hizo el Ayuntamiento, gobernado por Rosa Aguilar (IU), a los propietarios.
Los fiscales destacan que las multas que se imponen a los infractores son bajas
La red de fiscales medioambientales presentó ayer su memoria anual correspondiente a 2006. El dato más destacado es el aumento de sus actuaciones, en concreto las relacionadas con los delitos urbanísticos y de ordenación del territorio.
El año pasado los fiscales especializados en estos asuntos de Andalucía investigaron 925 delitos urbanísticos, tres veces más que en 2005, cuando fueron 348. El segundo lugar lo ocupan los casos relacionados con el medio ambiente, que pasaron de 224 a 425. Además se investigaron 40 delitos relacionados con el patrimonio histórico, cinco más que en 2005.
Detrás del considerable incremento de las actuaciones urbanísticas está el fenómeno de las parcelaciones, esas urbanizaciones ilegales que se han levantado durante años a las afueras de los núcleos urbanos sin licencias, al margen del ordenamiento y sin que las administraciones lo hayan impedido.
Luis Carlos Rodríguez León, el coordinador andaluz de la red de fiscales medioambientales, sostuvo ayer que en este momento "se está actuando en parcelaciones que hasta ahora no habían sido investigadas por diversos factores, como la pasividad, incluso una falta de regulación". En declaraciones recogidas por Europa Press, Rodríguez indicó que, durante este año y los siguientes las previsiones indican que descenderá el número de diligencias de este tipo, ya que "se están investigando todas las parcelaciones ilegales existentes en las que hasta ahora no se había intervenido".
Rodríguez León descartó que las administraciones competentes, fundamentalmente los ayuntamientos, hayan actuado con "mala fe" o de manera negligente en el caso de las parcelaciones ilegales.
Uno de los casos que más polvareda levantó durante 2006 fue el de las tres urbanizaciones ilegales que hay en el entorno protegido del yacimiento arqueológico de Medina Azahara.
Los fiscales especializados de Córdoba en su memoria anual indican que "a principios de año la actividad de construcción ilegal parecía frenada".
Sin embargo, "en la segunda parte del año se volvió a reactivar" lo que motivó la apertura de diversas diligencias previas que se están instruyendo. En octubre pasado, la Policía autonómica remitió un informe a la Consejería de Cultura y a la Fiscalía en el que se alertaba de seis nuevas edificaciones en la urbanización de Las Pitas.
Los fiscales especializados de Córdoba, Consuelo Fidalgo y Juan Antonio Merlos, critican la actitud del Ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida. "Las promesas municipales relativas a la posibilidad de suministrar agua, luz... a través del anunciado plan de mejora del medio rural no han contribuido al cese de la actividad ilegal", sostienen en su memoria de actividades.
Sin embargo, Fidalgo y Merlos se felicitan por las condenas que se han impuesto a los propietarios y promotores no sólo en las zonas protegidas como Medina Azahara sino también en lugares clasificados sólo como no urbanizables. Para los fiscales las demoliciones ordenadas por algunos jueces son "un gran logro".
En la memoria conjunta de todos los fiscales de Andalucía se recogen algunas sentencias dictadas en las que se ordena el derribo de casas ilegales. Esta medida se considera positiva y se incide en la idea de que la escasa cuantía de las multas que se impone en otros casos a los dueños y promotores podría hacer que se compute la condena "como un gasto más de la edificación".
Otros casos de 2006 destacados ayer por Rodríguez León fueron el derribo del hotel El Algarrobico de Almería, la lucha contra los expolios de buques hundidos en la provincia de Cádiz o la operación Malaya contra la corrupción en Marbella (Málaga).
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