Las autonomías ganan protagonismo al gestionar más del 50% del gasto público

Las comunidades autónomas tienen cada vez mayor protagonismo en el manejo de los dineros públicos, frente a un Estado central que adelgaza continuamente. En los últimos 20 años han pasado a gestionar más del 50% de los más de 300.000 millones de euros presupuestados, excluidos los pagos por intereses de la deuda. En capítulos como gastos de personal, el porcentaje supera al 60% y llega a alcanzar el 88% en los gastos de funcionamiento. Por el lado de los impuestos, las comunidades llegan incluso a ganar al Gobierno central en recaudación por impuestos indirectos (IVA y especiales).

Las elecciones del próximo 27 de mayo tienen una gran importancia política, no sólo por el color del partido que va a gobernar en cada comunidad autónoma. Se juega también la gestión de unos recursos que en estos últimos 20 años han pasado prácticamente de la nada a suponer más del 50% del total en la mayoría de las partidas.

El reparto se corresponde con el llamado estado de las autonomías, que ha alcanzado plena madurez. Es así sobre todo en el lado de los gastos y en lo que respecta a las llamadas comunidades de régimen común, es decir, todas menos el País Vasco y Navarra. Es consecuencia del gran salto que se ha producido con la transferencia completa de las partidas de educación y sanidad, y de un sistema de financiación bastante generoso en sus dinámicas de crecimiento.

Según datos del Banco de España correspondientes a los presupuestos iniciales de 2007, los pagos por intereses de la deuda son la única partida donde las comunidades tienen un menor peso relativo. Aquí, la parte del Gobierno central se encuentra en el 90%. Al ser las comunidades administraciones relativamente más recientes, su deuda acumulada es muy inferior a la estatal y el pago de los intereses correspondientes, también es menos importante.

Salvo esta excepción, en todos los demás capítulos son las comunidades quienes tienen bajo su responsabilidad la mayor proporción. El salto de los últimos 20 años es espectacular. Por ejemplo, si en 1988 las comunidades gestionaban casi el 60% de los gastos de funcionamiento (luz, teléfono, alquileres, coches...), en 2007 ese porcentaje asciende al 88%, de acuerdo con los presupuestos iniciales.

En gastos de personal (el sueldo y las pensiones de los funcionarios), ese porcentaje pasa del 40% a más del 60%. Y en inversiones reales, de casi el 50% a más del 60%.

En el lado de los ingresos necesarios para financiar esos gastos, las cifras también reflejan el grado de madurez del sistema. El dato más llamativo es, según el análisis de los presupuestos iniciales de 2007, que las comunidades superan ligeramente a la Administración central en recaudación por impuestos indirectos. Éstos gravan el consumo de todo tipo de bienes (IVA) y, en particular, de tabaco, alcohol y carburantes (especiales).

Tributos cedidos

En los impuestos directos (IRPF y sociedades), el Gobierno central se queda con más del 70%. Esto es debido a que en el impuesto de sociedades (el que grava el beneficio de las empresas) no hay cesión alguna, frente al 33% que se traslada a las comunidades del IRPF, al 35% del IVA y al 40% de los impuestos especiales.

A todos estos impuestos hay que añadir el 100% de otros de relativa menor capacidad recaudatoria (patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales, juego o el llamado céntimo sanitario). El balance es, en cualquier caso, positivo para la Administración central. Es decir, ésta gestiona una mayor proporción de recursos que las comunidades, frente a una situación de más equilibrio en lo relativo a los gastos.

La lectura de ello es que existe aún recorrido para ampliar la capacidad recaudatoria (directa o a través de lo que se les transfiere por parte de la Administración central) de las comunidades. En esta línea apunta el Estatuto catalán, con una cesión del 50% del IRPF, por ejemplo. Y también la posibilidad de que las comunidades establezcan recargos en los impuestos que gravan el consumo (IVA y especiales) en sus respectivos territorios. La solución, en el próximo sistema de financiación autonómica, seguirá en la incubadora seguramente hasta después de las elecciones generales.