El alcalde de Covelo no justifica el destino de fondos europeos

O Covelo (4.600 habitantes, a 50 kilómetros de Vigo) es el municipio más pobre de España, según algunas estadísticas. José Costa Díaz, su alcalde desde hace 31 años, el grupo municipal del PP y la secretaria del Ayuntamiento han sido acusados en la Fiscalía de falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos por su trajín con las subvenciones. La Xunta ya ha reclamado la devolución de 181.000 euros de ayudas europeas.

José Costa Díaz, Pepiño, cultiva una imagen de parrandero. En las fiestas del pueblo es habitual que el regidor irrumpa en la actuación de la orquesta. Es superior a sus fuerzas esa tentación del micro. Con la camisa fuera del pantalón, Pepiño sube al palco y, obviando el fastidio gestual de los músicos, reclama acompañamiento para Tengo un tractor amarillo, por ejemplo y si no se le ocurre arrancarse antes con El Rey o cualquier bolero meloso. Alcalde y cantante, o viceversa. Costa Díaz trata de compatibilizar ambas devociones en la medida que puede, y puede bastante después de 31 años en la alcaldía, sin contar los que estuvo su padre.

A Pepiño le encanta cantar y soltar lágrimas. Utiliza esos rasgos de humanidad para conseguir el voto de los vecinos, aunque confía y se esmera más en amarrarlos con ganchos de mayor pragmatismo, como el control de las pensiones o la colocación y retirada a discreción de las bombillas del alumbrado público. Pone más cuidado en eso que en el rigor de las cuentas municipales, siempre embarulladas. Aceptó presentar las de 2003 y resultaron estar llenas de agujeros y problemas. Así que mantiene bajo llave las de 2004 y 2005, por más que la oposición (dos concejales del BNG y uno del PSOE) insista en pedírselas. Tampoco ha presentado los presupuestos del actual ejercicio. Y para que no le rompan la cabeza, en los dos últimos años sólo ha comparecido en dos plenos ordinarios, de los doce celebrados.

La Consellería de Medio Rural le reclamó hace unos meses la devolución de 181.000 euros de fondos europeos (Leader II) que el Ayuntamiento percibió tras certificar, en 2002, la construcción del camping para el que había solicitado las ayudas. Ese camping parece un sumidero de cuartos.

La Diputación Provincial ya financió las obras con 250.000 euros en sucesivas entregas. La primera, de 5,5 millones de pesetas, de la Caja de Anticipos de Cooperación Provincial, aparenta ser una "autoconcesión", ya que el propio Costa Díaz, como diputado provincial, era su presidente; recibió otra posterior, de 15 millones de pesetas, por resolución presidencial que firmó el entonces presidente del organismo provincial, César Mera. Y pese a la moción que denunció esas operaciones en el pleno provincial, en 2006 el programa de libre disposición de la Diputación volvió a destinar 98.000 euros para el mismo camping, que sigue sin ponerse en funcionamiento.

Desde el gobierno municipal se aduce que la obra se ha ido realizando en función de sucesivos expedientes complementarios. Lo que lleva a un galimatías de certificaciones y facturas antirreglamentarias. Por eso la denuncia al fiscal, presentada por el concejal socialista José Rey, incluye a María Jesús Rodríguez Freire, en su doble faceta de secretaria-interventora del Ayuntamiento y de secretaria del Grupo de Acción Local (GAL) A Paradanta, ya que "en todo el expediente en momento alguno toma las medidas que le corresponderían".

También es denunciado el ingeniero agrónomo Francisco Javier Alzola Rico, autor del proyecto del camping cuando a la vez era gerente del GAL A Paradanta y por ser quien certificó la conclusión de las obras a fin de ingresar la ayuda europea. Y con ellos, los siete concejales del grupo popular, por acción u omisión, esto es, por ignorar las reiteradas denuncias formuladas en diversos plenos municipales por la oposición y aprobar con sus votos, contra lo que señalaban las mociones, los posibles ilícitos penales que se cuentan.