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El Tribunal Constitucional invalida parte de la ley de limpieza ideológica en Polonia

Periodistas, profesores y directores de empresas quedan excluidos de confesar su pasado

La principal arma del Gobierno polaco para llevar a cabo su campaña de depuración ideológica anticomunista ha recibido un duro golpe. El Tribunal Constitucional del país invalidó ayer parte de la polémica ley que obliga a cientos de miles de polacos a confesar antes del 15 de mayo, bajo amenaza de despido, si colaboraron con los servicios secretos del régimen que gobernó el país hasta 1989. El tribunal ha anulado los artículos que forzaban a periodistas, directores de escuela y de empresas y rectores de universidad a someterse a la norma. Políticos y jueces tendrán que seguir acatándola (como hacían desde 1997). Además, los nombres de los ex colaboracionistas no se podrán publicar en Internet.

La decisión de los miembros del Constitucional, que han debatido estos días sobre la iniciativa en medio de una fuerte presión de la derecha en el poder (liderada por los gemelos Lech y Jaroslaw Kaczynski), elimina los artículos que son más controvertidos entre los polacos. Pero no libera a los cargos públicos, jueces y políticos de declarar si colaboraron con los servicios secretos de la dictadura. Una de las víctimas es el eurodiputado Bronislaw Geremek, que se niega a acatar la nueva norma reformada y corre el peligro de quedarse sin su puesto en Bruselas.

El polémico proceso de verificación de las biografías (o Ley de la Lustración) no es nuevo. En Polonia existía ya una ley similar desde 1997, aunque sólo afectaba a políticos y altos funcionarios (unas 28.000 personas). Hace unos meses, con el argumento de cerrar el oscuro capítulo del comunismo de una vez por todas -incluso la Iglesia está en el punto de mira-, el Parlamento aprobó una reforma, que entró en vigor el 15 de marzo, para incluir en la lista a periodistas, directores de empresas cotizadas en Bolsa, profesores universitarios, directores de colegios, incluso del sector privado. En total, hasta 700.000 polacos más se veían obligados a confesar si colaboraron con la policía secreta antes del 15 de mayo. No hacerlo, podía significar su despido.

"El Estado debe respetar los derechos del ser humano, y no recurrir a la venganza", dijo el presidente del Constitucional, Jerzy Stepien, durante el anuncio de la decisión del alto tribunal de eliminar 10 artículos (los nuevos que extendían la ley a más colectivos). También ha invalidado un artículo que permitía publicar en Internet el nombre de los colaboradores de los servicios secretos.

Revés para los gemelos

"El asunto no está cerrado, es lo único que puedo decir por el momento", dijo el presidente Lech Kaczynski tras conocer la decisión. En una entrevista esta semana, el dirigente dijo que si el tribunal echaba abajo su proyecto, promovería una nueva ley para abrir totalmente al público los archivos de la policía secreta. "Es un duro revés personal para los hermanos Kaczynski y pagarán las consecuencias políticas", comentó tras conocer la decisión el politólogo Jacek Kucharczyk, del Instituto de Asuntos Públicos de Varsovia, informa la agencia France Presse.

En una maniobra poco común en un país de la Unión Europa, el Gobierno ordenó el miércoles pasado que se buscara en los archivos de la antigua policía política para desacreditar a los jueces del Constitucional. Para quitar a los conservadores motivos para la crítica, el presidente del tribunal suspendió a dos de sus miembros cuyos nombres aparecían brevemente en los expedientes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de mayo de 2007