Los contratos de unificación de deudas deberán consignar todas las comisiones

El Gobierno ha preferido ponerse la venda antes de tener la herida. El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que protege al consumidor que pide préstamos al consumo, hipotecarios o que unifica sus deudas. Gran parte de este negocio se hace al margen de bancos y cajas, a través de unos 8.000 intermediarios financieros que hasta ahora no estaban controlados. Para evitar escándalos, la nueva ley obligará a que los contratos sean transparentes y figuren todas las comisiones, algo que ahora no ocurre. Además, los intermediarios estarán supervisados y registrados.

Han surgido como setas con oficinas por las principales ciudades españolas. Otros bombardean los programas de las mañanas de la televisión. Parecen desesperados por entregar dinero a los ciudadanos para que lo gasten en lo que quieran, pero pagando altos tipos de interés y, en ocasiones, sin saber exactamente la factura final por la operación.

Son las financieras que ofrecen créditos al consumo, hipotecarios o que unifican las deudas. Es un fenómeno que ya ocurre en el Reino Unido y otros países europeos, pero su virulencia en España ha provocado la intervención del Gobierno. Desde el propio sector, además de la banca y el Banco de España, se había pedido a gritos la regulación de un sector que funciona en un limbo legal y que ofrece grandes remedios sin explicar la factura que hay que pagar.

Antes de que estallara algún escándalo, el Gobierno aprobó ayer un anteproyecto de ley que someterá a audiencia pública con todos los afectados (el sector, las comunidades autónomas y las asociaciones de consumidores) durante más de un mes. En junio entrará en el Congreso de los Diputados para su debate y se espera la aprobación para septiembre. Se calcula que podría entrar en vigor en esta legislatura.

- 8.000 intermediarios. Según las cifras que maneja la Administración, podría haber entre 6.000 y 8.000 intermediarios financieros que realizan unas 20.000 operaciones al año y prestan alrededor de 4.000 millones de euros. El Ejecutivo está convencido de que su actividad es positiva porque ofrecen mejores precios a los clientes porque son mayoristas. Sin embargo, cree que hay poca transparencia y pocas garantías para los consumidores.

- Tutela de las comunidades. Dado que la normativa de Consumo está transferida, la nueva ley ha establecido que las unificadoras de deudas queden claramente bajo la tutela de las Comunidades Autónomas. No obstante, establece nuevas exigencias para ejercer su labor, como apuntarse en el registro de la región donde tengan la sede social y contratar un seguro de responsabilidad civil. En el caso de que la Autonomía no cree el registro y cuando las financieras sean extranjeras, se deberán inscribir en el registro del Estado.

- Nuevo registro. Según esta normativa, que también afecta a bancos y cajas de ahorros ya que realizan esta actividad, las financieras tendrán un plazo de seis meses para apuntarse en los registros y suscribir los seguros. En estos libros figurarán sus tarifas, comisiones y tipos de interés. Estas empresas tienen libertad de precios y comisiones, porque ninguna ley en España lo prohíbe, pero siempre deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos realmente ocasionados. Si las asociaciones de consumidores consideran abusivo alguno de ellos, podrán denunciarlo para que sea estudiado por el Ministerio de Consumo. Las empresas que incumplan las condiciones o no se registren, podrán ser sancionadas con hasta 600.000 euros y amonestación pública.

- Informar 15 días antes. Esta norma, que ha sido elaborada entre los ministerios de Consumo y el de Economía, regula que se debe informar de todos los detalles, al menos 15 días antes de firmar los contratos. Se debe advertir de los riesgos de contratar préstamos a tipo variable, ya que pueden subir con fuerza en función de la evolución de los mercados. En cuanto a tipos, siempre debe figurar la Tasa Anual Equivalente (TAE), que es la que realmente recoge el coste para el cliente.

- Rebaja de tarifas. La publicidad también queda regulada y se exige que contenga información clara y veraz. Todos los contratos se harán por escrito y el cliente tiene 14 días naturales para rechazar el acuerdo sin dar ninguna explicación. La Administración confía en que con esta mayor transparencia en los precios, habrá una rebaja de las tarifas en este sector, ya que aumentará la competencia.

Estos intermediarios financieros no estarán bajo la supervisión del Banco de España, como se les había solicitado desde algunas asociaciones del propio sector, porque no son entidades que capten pasivo, ya que se limitan a prestar dinero, que es una actividad libre.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó ayer tras el Consejo de Ministros que el objetivo de esta ley es evitar la indefensión de los clientes, unificar los criterios y las obligaciones de las empresas "porque la normativa actual es demasiado frágil e incompleta".