A vueltas con la independencia de la Justicia

En los últimos tiempos venimos recibiendo distintos mensajes que provienen sustancialmente de una parte de la Judicatura, y más en concreto de la Asociación Profesional de la Magistratura, cuyo contenido no puede sino preocuparnos. Ya anteriormente me he manifestado sobre la percepción que se tiene en la sociedad de que el Poder Judicial se encuentra con un importante déficit -tanto en la forma como en el contenido- del mayor valor que debía distinguirle, el de la independencia. A mi juicio, que expreso desde un prisma por completo personal y no institucional, las opiniones a las que hago referencia ahondan peligrosamente en la percepción indicada de que nuestro sistema judicial no se encuentra entroncado con la independencia deseada, y que consagran no sólo la Constitución sino otras leyes similares de los países de nuestro entorno.

No es de recibo que quien va a tener que juzgar un caso fije a priori una línea de pensamiento claramente partidista

El Poder Judicial no debe estar constituido sólo por jueces, y ni siquiera estos deben ser mayoría en el Consejo

La independencia judicial no sólo no la vemos asegurada con opiniones como las vertidas por alguno de nuestros más altos magistrados, sino que, muy por el contrario, se ve gravemente comprometida. No resulta de recibo que quien más tarde o más temprano tendrá que resolver en vía judicial cuestiones que para una mayoría de la sociedad tienen un marcado perfil político, así como juzgar actuaciones de los políticos más relevantes de nuestra comunidad, establezca a priori, como algo general, una línea de pensamiento de marcado cariz personal y partidista, con claras connotaciones políticas.

La sociedad, tanto los que defienden las pautas de actuación emanadas desde un determinado partido político, como los que carecemos de adscripción política determinada, esperamos del Poder Judicial una respuesta independiente a cualquier planteamiento y situación que podamos presentarle. Confiamos en la Justicia para que resuelva aquellas situaciones que la política e incluso algunas leyes no han sido capaces de solucionar, a fin de que, como ya apuntaba la clásica definición de Ulpiano "dé a cada uno lo suyo". Lo suyo, no lo que una percepción particular -y menos política y, por lo mismo, restringida- considere que le debe dar, ni aun siendo lo adecuado, sino, ni más ni menos, lo que corresponde.

Por la Asociación Profesional de la Magistratura se defiende un peligroso café para todos, la proscripción de la totalidad de las listas de un determinado partido político, sin realizarse, como debe esperarse de la Justicia, un minucioso, concienzudo y razonado estudio de cada una de las candidaturas, a la luz de la legalidad vigente, como viene obligado. Tal situación revela una importante falta de respeto hacia los derechos civiles y políticos de las distintas personas que conforman las listas, y que se encuentran, faltaría más, en su perfecto derecho de defender ante los electores posiciones políticas, aun de signo más o menos extremista. Porque es en los municipios, juntas generales y parlamentos donde, desde un clima de respeto mutuo y de honradez política, los ciudadanos debemos discutir nuestras ideas para el mejor desarrollo del conjunto.

Existe otro punto que me desasosiega y del que ya he tenido ocasión de pronunciarme con anterioridad: la composición, y hasta existencia, del actual Consejo General del Poder Judicial, institución que, desde hace más tiempo del deseado, se encuentra de espaldas a la regla de independencia que debe de presidir su actuación.

Ignoro hasta qué punto es dable que el ministro de Justicia afirme que el actual CGPJ no es una institución legítima. Probablemente, por imperativo de su cargo, se haya excedido al decirlo, pero, desde la calle, quienes no tenemos las responsabilidades del ministro podemos, y debemos, afirmar sin miedo lo que es una evidencia: el actual CGPJ, por su misma composición, y más al haber expirado el plazo del mandato de sus miembros, adolece de la legitimidad que reclama. Percibimos un deseo de sus miembros de aferrarse a sus poltronas y prebendas, aun a riesgo de seguir dañando de forma egoísta e inexcusable ese valor que debe presidir su actuación. Porque el Poder Judicial no solo debe ser independiente sino, además, parecerlo.

La Asociación Profesional de la Magistratura achaca la mala imagen del CGPJ a que sus miembros son elegidos por los órganos de representación popular (Congreso y Senado) y defiende de forma claramente intencionada y partidista que sus miembros deberían ser elegidos por los propios jueces. ¿Dotaría este sistema de elección de independencia al órgano? La respuesta no admite duda: en absoluto. Simplemente, nos encontraríamos ante una institución sin legitimación alguna para constituirse en el tercer poder del Estado, al dotarse de una adscripción que por nada podría considerarse de carácter democrático.

No hay que recordar que en nuestro país no se elige a los jueces y que su propio sistema de selección y recluta -no es una exageración afirmarlo así- da la espalda a la realidad social, situándose al margen del rico pluralismo que compone la sociedad. La sociedad necesita dotarse de jueces que, desde luego, conozcan el Derecho, pero también la realidad social, que no la desdeñen, y que cuenten con un bagaje vital y una experiencia que les ayude de forma determinante a impartir Justicia, que es lo que todos esperamos de ellos y de ellas.

La democracia es, y esto supone un avance, una antagonista de las élites, y más cuando éstas carecen de la representatividad que dicen tener. En distintas épocas de nuestra historia y de la de otros países, hemos sido testigos de que los poderes han estado usurpados por distintas élites, que siempre han protestado de contar, a despecho de la verdad, de legitimad popular, nunca compulsada por las urnas. Así se han defendido -y con ello no deseo molestar a nadie- el Ejército, la Iglesia y los sindicatos. Sin embargo, en democracia no existe legitimación distinta de la que proviene de las urnas, donde se contiene el sufragio de todos los miembros de nuestra sociedad que libremente deseen prestarlo.

Por ello, el Poder Judicial debe estar constituido no sólo por jueces -ni tan siquiera deben ser mayoría en la composición del consejo-, del mismo modo que el Parlamento tampoco debe estar compuesto por aquellas personas que hayan estudiado Ciencias Políticas, sino por personas que sean independientes y que sean capaces de defender y hacernos llegar a todos el ideal de la Justicia.

Nazario de Oleaga es decano del Colegio de Abogados de Vizcaya.