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Tensión entre Bruselas y Moscú

Kaczynski dice que la democracia no peligra en Polonia

El presidente de Polonia, el conservador Lech Kaczynski, defendió ayer su polémica ley que obliga a políticos, periodistas y profesores a confesar antes del 15 de mayo si colaboraron con los servicios secretos del régimen comunista que gobernó el país hasta 1989. En una entrevista con Le Monde, Kaczynski espera que la iniciativa, recurrida ante el Tribunal Constitucional, no sea anulada y afirma que no supone una amenaza para la democracia polaca. Si la ley no sale adelante, propondrá la apertura total al público de los archivos de la antigua policía política.

La llamada Ley de la Lustración, el principal instrumento del Gobierno de los gemelos Lech y Jaroslaw Kaczynski (presidente y primer ministro) para eliminar las huellas del pasado comunista, empezó ayer a ser analizada por el Constitucional. El objetivo es dar la respuesta antes del 15 de mayo. Quien no acate la medida, que afecta a unas 700.000 personas, corre el peligro de perder su trabajo.

Una de las primeras víctimas de la ley puede ser el eurodiputado liberal polaco y ex ministro de Asuntos Exterior de Polonia, Bronislaw Geremek. Pese a que en su día este historiador se opuso al régimen comunista, ahora se niega a acatar la Ley de la Lustración, porque considera que "viola los derechos cívicos". Un informe jurídico de la Dieta (Parlamento polaco) afirmaba esta semana que, al negarse, Geremek ha perdido su acta de diputado, alegando que las actas pertenecen a los países soberanos. El presidente de la Cámara, Ludwik Dorn, no lo ha notificado oficialmente a la Eurocámara, informa France Presse.

Según Lech Kaczynski, la actitud de Geremek "daña" a su país, porque crea la impresión "absurda" de que "la democracia está amenazada". Kaczynski asegura en Le Monde que si el Tribunal Constitucional rechaza la ley el Gobierno "deberá plegarse" a su decisión, pero que será "muy triste y lamentable". "Sería necesario entonces que yo aceptara lo que hasta ahora he rechazado: apoyar una nueva ley que propondría la apertura total de los archivos de la seguridad comunista. Esas informaciones sensibles serían entonces de propiedad pública", afirma.

Ahora, sólo los ciudadanos que sospechan que fueron espiados durante la dictadura pueden solicitar su propio expediente al Instituto para la Memoria Nacional, donde se almacenan los archivos. También existe otra posibilidad: cuando se trata de personajes públicos (políticos y jueces, entre otros) que pudieron ayudar a los espías comunistas. En Alemania, los archivos secretos de la Stasi se abrieron desde el principio a todos los ciudadanos.

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