Oculto tras Isabel Pantoja
La entrada en prisión de Pedro Román ha pasado desapercibida. El número dos de Gil cuando en esta localidad se empezó a horadar la versión pública de la cueva de Alí Babá, se escurrió el otro día hasta el vértice estrecho de la pirámide invertida. El ingreso en la cárcel de la cara amable del régimen apenas ocupó un breve en los periódicos. El aprendiz que llegó a superar al maestro entró en la prisión de Alhaurín de la Torre con pena, pero sin gloria. Su figura quedó eclipsada por otra detención, la de Isabel Pantoja.
El arresto de la cantante partió en dos el despliegue mediático ante el mayor escándalo de corrupción destapado en un ayuntamiento. En las páginas menos relevantes de los periódicos Román fue un número más en esa larga lista liderada por Roca y que la conforman ya tres ex alcaldes, 16 ex concejales, 37 empresarios, 12 testaferros, ocho abogados, ocho familiares de los principales imputados, seis policías locales, dos banqueros, dos guardias civiles y un policía nacional. En las importantes, y con gran alarde tipográfico, disfrutaba el protagonismo en solitario Isabel Pantoja. Mientras todo vuelve a su cauce natural, vayan las siguientes líneas en desagravio de Pedro Román cuyo ingreso en prisión no se merecía tan escaso tratamiento informativo.
El urbanismo en Marbella generó una riqueza de casi 12.000 millones de euros en los últimos 15 años, según calcularon los técnicos que elaboraron el plan de ordenación territorial de la Costa del Sol. Alrededor de ese negocio se instaló un sistema corrupto que desvió gran parte de ese dinero al bolsillo de un puñado de delincuentes. La operación Malaya apenas investiga una pequeña parte de esos 15 años. Y todavía no alcanza a los que idearon el negocio.
Todo comenzó con Jesús Gil en 1991. Contó, entre otros, con Pedro Román, el polémico secretario de un ayuntamiento salmantino que se trasladó a la Costa del Sol en busca de fortuna. Gil le abrió la puerta de su candidatura y lo colocó en la primera tenencia de alcaldía. Su ascenso en el escalafón fue tan rápido como la aparición de los ceros en su cuenta corriente. Su primera gran obra como cargo público fue comprarse para él la urbanización Sierra Blanca, la más cara del municipio y valorada en unos 4.000 millones de pesetas. Ahí comenzó su meteórica carrera, pública y privada. En ausencia de Gil, Román era a quién los empresarios le pedían los autógrafos para colocarlos a pie de página en los convenios urbanísticos. En siete años de actividad municipal acumuló unos 400 fans, que fue el número de firmas que registró en papel oficial. Esos documentos permitieron cuadruplicar el volumen de construcción en la ciudad.
Román se fue del Ayuntamiento en 1998, inhabilitado, condenado y con un rosario de denuncias que todavía arrastra. Nueve años después, cuando el juez dictó una orden de busca y captura contra él, hubo que esperar para localizarle. Nadie sabía si se encontraba en su casa marbellí, en su finca de Cáceres, en su lujoso piso de la calle Goya en Madrid, en su vivienda de París o en su otro inmueble en Boca Ratón, Estados Unidos. Al final, estaba en Suiza, donde presumiblemente ponía al día sus cuentas corrientes antes de reencontrarse con la prisión de Alhaurín de la Torre, un lugar de recogimiento donde ya pasó antes alguna que otra temporada.
Tras la irrupción de Isabel Pantoja y de la prensa rosa en el caso Malaya parecía que se había tocado techo. Estábamos equivocados. Faltaba la teoría de la conspiración: Zapatero, el juez Torres y el comisario se reunieron para poner en órbita al mundo mediático. Las declaraciones de algunos dirigentes del PP, tras la detención de la tonadillera, no sólo han hecho hablar a las piedras. Ha sido peor, han hecho hablar al mismísimo juez Torres. Un juez que nos había hecho creer que la justicia, además de ciega, también era muda.
