La Diputación actuará como acusación en el caso del fraude de la Hacienda de Irún
Txabarri reconoce que los controles internos "fallaron" en un momento determinado
La Diputación de Guipúzcoa se personará como acusación particular en el procedimiento judicial que se iniciará contra la trama que supuestamente defraudó al menos tres millones de euros en la delegación de la Hacienda foral de Irún. El diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, confirmó que la institución pretende de este modo salir en defensa de los "contribuyentes estafados" y de su propia "imagen". La red que cobraba deudas tributarias y no las ingresaba en las arcas forales pudo actual, admitió, porque "fallaron los controles ordinarios" en la Diputación.
Txabarri se mostró ayer muy satisfecho porque la denuncia presentada por la Fiscalía "respalda la actuación de la Diputación de Guipúzcoa" y las irregularidades que encontró en la Hacienda de Irún, donde durante nueve años se recibieron entregas en metálico como pago de deudas que no aparecen ingresadas en la Hacienda foral.
La imputación fiscal a cuatro personas en un fraude que se eleva a tres millones de euros "viene a corroborar los datos que poseía el servicio de Intervención y Auditoría" de la Diputación, dijo Txabarri para tratar de dejar a la institución foral al margen de los supuestos delitos. La Fiscalía acusa a estas cuatro personas, entre las que figura el ex director de la oficina tributaria de Irún José María Bravo, de malversación de fondos, falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales durante el periodo comprendido, como mínimo, entre 1995 y abril de 2004.
El diputado general aseguró que la Diputación va a personarse como acusación particular en este caso, dada la "gravedad de los hechos" y con el fin de actuar "en defensa de los contribuyentes estafados", así como de "los intereses y la imagen" del ente foral. También actuarán como acusación las Juntas Generales de Guipúzcoa, en cumplimiento del acuerdo alcanzado por unanimidad en el pleno celebrado el pasado 22 de febrero.
Según la denuncia presentada por el fiscal jefe de Guipúzcoa, Jaime Goyena, la red dirigida por Bravo se dedicó a exigir a contribuyentes con deudas tributarias el pago de estas cantidades. Sin embargo, estas sumas de dinero eran ingresadas en cuentas bancarias personales o de empresas interpuestas, en lugar de hacerlo en la Hacienda foral. Por estas prácticas, la Diputación dejó de percibir al menos tres millones de euros.
Control al controlador
Txabarri no concretó si las deudas de los "contribuyentes estafados" han quedado extinguidas a efectos fiscales, tal y como los integrantes de la trama comunicaron a los contribuyentes afectados. El mandatario guipuzcoano deja en manos del juez determinar la situación tributaria de los ciudadanos que abonaron las cantidades, aunque aseguró que estos actuaban "con honradez y transparencia ante la Hacienda".
Rechazó el diputado general que en la Hacienda no hayan funcionado los controles, como criticó un día antes el dirigente socialista Miguel Buen. No obstante, admitió que, "en un momento determinado", fallaron "los controles ordinarios". La malversación de fondos públicos fue descubierta, según destacó González de Txabarri, gracias a la decisión adoptada en 2004 de "auditar lo que no se ha auditado nunca". La directriz fue ordenada entonces por el Departamento para la Fiscalidad a su servicio de Intervención y Auditoría, que en ese momento comenzó a controlar la gestión de la oficina de Irún.
En defensa de su gestión, el diputado general peneuvista insistió en que fue la propia Hacienda foral la que, en septiembre de 2006, puso a la Fiscalía sobre la pista de las ilegalidades y que los inspectores de la Diputación han trabajado "codo con codo en todo momento" con el ministerio público en el hallazgo de los hechos delictivos.
Las investigaciones practicadas hasta ahora sitúan al frente de la trama a José María Bravo, que fue director de la delegación tributaria de Irún mientras su hermano, el senador del PNV Víctor Bravo, ejerció como director general de la Hacienda guipuzcoana. El senador llamó ayer a este periódico para negar cualquier implicación en el caso. Aseguró que las presuntas anomalías se produjeron en 2003, cuando ya él había abandonado su cargo en la Diputación. Víctor Bravo fue director general de Hacienda entre 1993 y el 4 de julio de 2003, fecha en la que cesó para dedicarse a la política. De acuerdo con la acusación del fiscal, la trama dirigida por su hermano José María estuvo funcionando durante casi ocho años y medio de los diez en que el ahora senador estuvo al frente de la Hacienda guipuzcoana.
Víctor Bravo defendió en todo momento la inocencia de su hermano y añadió que las imputaciones contra este son "totalmente falsas".
Cobro en especie
La red urdida por el ex director de la delegación de Hacienda en Irún, José María Bravo, en la que colaboraron al menos otras tres personas, según la Fiscalía, aprovechó la falta de control existente sobre el servicio encargado de tramitar los expedientes de los contribuyentes deudores. Hasta 2004, nadie desconfió de este servicio de "derivaciones e insolvencias", centralizado en las oficinas tributarias de la localidad fronteriza.
Esa ausencia de vigilancia interna fue, en opinión de personas conocedoras del caso, la que propició que la trama dirigida por Bravo actuara a sus anchas durante casi diez años y lograra embolsarse grandes sumas de dinero (en torno a 30.000 euros por contribuyente), que recibían de los deudores y nunca se ingresaron en las arcas forales.
Sin embargo, en el último trimestre de 2003, tras la entrada en la Diputación del nuevo equipo de gobierno, se introdujeron nuevos procedimientos de control interno, se renovó el equipo de inspectores y se modificó incluso la denominación de los departamentos forales. La suma de todos estos cambios permitió localizar, en agosto de 2005, la existencia de graves "anomalías contables" en la delegación de Irún.
Las posteriores investigaciones dirigidas por la Fiscalía de Guipúzcoa han conseguido destapar, a través del testimonio de varios contribuyentes, que la trama dirigida por Bravo empleó procedimientos irregulares que habrían sido fácilmente detectables si hubieran funcionado los controles internos. Entre otros, la utilización de documentos oficiales que habían sido retirados y con el membrete del Departamento de Hacienda, cuando su denominación a partir de 2003 ya era Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.
Según han reconocido algunos deudores, el grupo de inculpados no sólo les requería el pago en metálico de las deudas. En algún caso llegaron a cobrar en especie. Así ocurrió con una persona con la que llegaron al acuerdo de saldar su carga tributaria a cambio de que pintara la casa de uno de los acusados. Existe constancia de otro caso en que la trama llegó a exigir a un contribuyente el pago de una deuda inexistente.
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