Disparate hasta el final

En dos ocasiones en esta semana se ha transmitido información sobre la próxima impugnación ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Junta de Extremadura del Estatuto de Andalucía. En primer lugar, se nos informó el lunes de que el Consejo Consultivo de la comunidad extremeña había avalado la idea del presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto y el jueves los medios de comunicación se hicieron eco de la reiteración de la voluntad de recurrir por parte del presidente extremeño, que añadía que pensaba "llegar hasta el final", sin que se entendiera muy bien qué es lo que ese hasta el final significaba.

Tengo la impresión de que no se ha entendido muy bien qué es lo que significa esta decisión del Gobierno de Extremadura. Y no se ha entendido porque está siendo presentada como una suerte de conflicto entre Extremadura y Andalucía. Aparece en los periódicos en las páginas regionales y el intercambio de puntos de vista se produce entre dirigentes extremeños y andaluces, como si de un conflicto de competencias entre ambas comunidades se tratara.

Y no tiene nada que ver con esto. El recurso, si es que finalmente acaba interponiéndose y, si en el caso de que se interponga, no acaba siendo retirado por el órgano que lo interpone, se dirige contra una Ley Orgánica del Estado y no contra una norma andaluza. Quien ha decidido que la competencia sobre el Guadalquivir figure en el Estatuto de Andalucía en los términos que figura son las Cortes Generales y no el Parlamento o el Gobierno andaluces. Han sido todos los parlamentarios españoles, incluidos los parlamentarios elegidos en Extremadura, los que han decidido que el Estatuto de Andalucía fuera aprobado en los términos en que lo ha sido. Y el tema del Guadalquivir no pasó desapercibido, sino que se debatió ampliamente durante la tramitación parlamentaria de la reforma estatutaria. Los parlamentarios extremeños de todos los colores tuvieron oportunidad de oponerse a la redacción de la competencia sobre el Guadalquivir y de haber intentado enmendarla y no hicieron nada.

No parece, en consecuencia, que sea muy coherente que, a toro pasado, se intente prolongar el debate ante el Tribunal Constitucional. Esto también es judicialización de la política y politización de la justicia.

Pero es que, además, en este caso el Gobierno de Extremadura no se erige en defensor de los intereses de su comunidad autónoma, sino en defensor de los intereses del Estado. El recurso no se opone a la competencia de la Junta de Andalucía sobre el Guadalquivir porque considera que de esta manera se ven afectadas las competencias de la Junta de Extremadura, sino porque se ven afectadas las competencias del Estado, que es quien únicamente puede ejercerlas, ya que las aguas del Guadalquivir discurren por el territorio de más de una comunidad autónoma.

El presidente de la Junta de Extremadura está siendo más papista que el Papa y se está erigiendo en defensor del Estado. En realidad más que dirigir un reproche a la Junta de Andalucía, a quien se dirige el reproche que la interposición del recurso supone es a las Cortes Generales en primer lugar y al Gobierno de la nación después, por no haber defendido la competencia del Estado y haber permitido la invasión de la misma por la comunidad autónoma andaluza.

El dispararte no puede ser mayor. Aquí nadie sabe nada, excepto el presidente extremeño, que parece dispuesto a darnos una lección de interpretación de la Constitución a todos. Afortunadamente es un presidente en funciones, que preside un Gobierno en funciones, que en poco tiempo habrá dejado de dirigir la comunidad autónoma de Extremadura. Cabe esperar que las aguas vuelvan a su cauce y que la interposición del recurso acabe siendo una simple anécdota de la fase final del mandato de un presidente, que da la impresión de haberse sobrevivido políticamente.