El Gobierno descarta desarrollar la ley antitabaco sin garantías de que se cumpla

El Parlamento rechazó ayer con los votos del tripartito y Aralar y la abstención del PP una propuesta socialista para desarrollar por decreto la aplicación en Euskadi de la ley antitabaco. Kontxi Bilbao, portavoz de EB, la formación que controla la consejería de Asuntos Sociales, encargada de la aplicación de la ley, explicó que el Gobierno ha descartado aprobar dicho decreto "porque no garantizaría el cumplimiento de la ley" y prefiere llegar a un acuerdo con los ayuntamientos para su aplicación. La socialista Coral Rodríguez afirmó que el Ejecutivo está obligado a hacerla cumplir, con decreto o sin él, y reprochó al consejero, Javier Madrazo, la "irresponsabilidad" de no hacerlo.

El PSE instaba al Gobierno en su iniciativa a aprobar el decreto de desarrollo de la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo en un plazo no superior a los tres meses. La propuesta planteaba también que el Ejecutivo vele por el cumplimiento de la ley, ya que en su articulado ésta atribuye de forma clara e inequívoca a las comunidades autónomas las labores inspectoras y sancionadoras.

Coral Rodríguez recordó que la norma fue aprobada en las Cortes por unanimidad y criticó la "irresponsabilidad" del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, que en julio pasado anunció el decreto de desarrollo de la ley y, dieciséis meses después de su entrada en vigor (en enero de 2006), "mira hacia otro lado ante las denuncias de los vascos".

Y es que la media de denuncias en Euskadi no llega a las diez mensuales, una cifra considerada ridícula por fuentes sanitarias y parlamentarias. En diciembre de 2006, al finalizar el primer año de aplicación de la ley, se tenía constancia de la presentación de 101 denuncias en la comunidad autónoma. Lo que el Gobierno interpretó como un dato que avalaba el "altísimo" cumplimiento de la ley, los partidos de la oposición lo consideraron como el mejor ejemplo de que el control del Ejecutivo y las denuncias de oficio no estaban existiendo.

Madrazo, a cuyo departamento corresponde velar por la aplicación de la norma, no asistió al debate y la encargada de exponer la postura del tripartito fue la parlamentaria de EB Kontxi Bilbao. "El Gobierno no ha elaborado un decreto porque ese instrumento no va a garantizar que la ley se cumpla", señaló ante la cuarta iniciativa de los socialistas en demanda de datos sobre el grado de cumplimiento de la ley antitabaco.

Bilbao explicó que el departamento ha preferido intentar acuerdos interinstitucionales, sobre todo con los ayuntamientos, para que sean éstos los que inicien los expedientes sancionadores. Un acuerdo que no ha sido posible.

Responsabilidad repartida

Asuntos Sociales tiene serias dificultades para disponer de datos globales del grado de cumplimiento de la ley. No hay un cuerpo de inspectores adscrito a la Dirección de Drogodependencias y la política del Gobierno consiste en que cada departamento se hace cargo de su ámbito de competencia. Es decir, Sanidad se encarga de velar por el cumplimiento de la ley en los centros sanitarios, Educación en los colegios e Industria en los centros de trabajo, entre otros.

Esta distribución de las labores de inspección frenó algo el malestar que generó en los principales alcaldes la decisión de Madrazo de endosar esa función a los ayuntamientos. Eudel forzó una reunión con Asuntos Sociales para rechazarlo.

Leire Corrales, del PNV sostuvo que el origen del problema reside en la propia ley de 2005, porque no determina quién sanciona los incumplimientos. Corrales también dijo que esa discrepancia entre instituciones dificulta la posibilidad de encontrar las condiciones de consenso necesarias para el desarrollo de la ley por medio de un decreto. Frente a la tesis de los partidos del Gobierno de que la ley es difusa en el reparto de competencias, la portavoz socialista replicó: "La ley deja meridianamente claro que es el Gobierno el que tiene, por una parte, las competencias de inspección, y por otra, las de sanción".

Corrales propuso en su última intervención que un "mediador" estudie las posibilidades de llegar a un acuerdo sobre ese asunto. La portavoz del Partido Popular en este debate, Juana Iturmendi, defendió que las normas en esta materia tienen que hacer prevalecer los derechos de los no fumadores sobre los de los fumadores, y criticó la ley por vaga, imprecisa y poco clara en un asunto tan importante.