El 21 de mayo comienza la evaluación para acogerse a la ley de dependencia

El gran dependiente es aquella persona que necesita un apoyo continuado de otra para realizar sus tareas cotidianas como comer o vestirse. Estas personas son las primeras que podrán enviar su solicitud a partir del 21 de mayo para que la Administración evalúe su grado de dependencia y puedan acogerse a los beneficios de la nueva ley de dependencia. Las ayudas empezarán a percibirse a partir de verano, según el Departamento de Acción Social.

El formulario para la solicitud de los nuevos servicios, en que constarán preguntas "muy sencillas" para facilitar su respuesta, estará listo dentro de una semana o 10 días en la página del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, en los servicios sociales de primaria, en las entidades sociales y en ayuntamientos. La consejera Carme Capdevila advirtió ayer de que es necesario que las personas se informen previamente en estos puntos para saber si son susceptibles de acogerse a la ley.

La nueva norma nace en Cataluña, y en otras comunidades, con flecos pendientes de aprobación. Faltan por concretar los servicios y los importes de la ayudas en el Consejo Territorial de la Dependencia, dependiente de la Administración central. La voluntad del Ministerio es pagar a los cuidadores de las personas dependientes un máximo de 561 euros al mes.

Los cálculos indican que en Cataluña hay alrededor de 30.000 personas con discapacidad o enfermedad mental de más del 75%. Estas personas deberán estar evaluadas en 75 puntos o más para obtener alguna de las prestaciones que ofrece la ley, que se desplegará en sucesivas fases hasta 2015.

A partir del 21 de mayo podrán enviar los formularios rellenados, junto con una fotocopia del DNI y el certificado histórico de residencia de los últimos cinco años, que se debe socilitar a los mismos ayuntamientos o a los servicios territoriales del departamento. Una vez aprobada la solicitud, la persona recibirá la visita de uno de los 160 profesionales acreditados por el departamento -que se distribuirán en 23 equipos y empezarán a formarse la primera quincena de mayo- para evaluar el grado de dependencia del solicitante en un máximo de tres meses.

Estos técnicos se encargarán de recabar los informes médicos de los pacientes y sus niveles de renta. Una vez se apruebe su grado de dependencia, se elaborará un programa individual de atención que determinará a qué prestaciones y servicios tiene derecho la persona solicitante. En un máximo tres meses, deberá empezar a recibir la ayuda pública.

La persona dependiente deberá pagar una parte del coste del servicio en función de su renta.La ley establece servicios como una plaza de residencia, atención domiciliaria y teleasistencia.

Capdevila recordó que todas las personas que ya forman parte del sistema público de protección de la dependencia mantendrán su actual grado de ayuda o servicio. Unas 18.000 de las 30.000 personas con mayor grado de dependencia ya reciben prestaciones del sistema público catalán. Para informar a los ciudadanos, ya está en marcha el teléfono gratuito 900 300 500, así como el 012 y la página www.gencat.net/benestar.