Las diputaciones inician hoy el servicio para valorar a las personas dependientes

Álava y Vizcaya critican que aún se desconozcan las prestaciones y ayudas económicas

Los ciudadanos con discapacidades podrán empezar hoy a pedir el reconocimiento de su situación, en aplicación de la Ley de Dependencia. Primero serán los alaveses, tras el decreto aprobado ayer por la Diputación, mientras que en Vizcaya se espera que sea a partir del viernes. Las diputaciones han acordado un procedimiento similar, en el que se define el grado de dependencia, pero criticaron que aún se desconozcan los servicios y prestaciones económicas "Sólo podemos valorar, no tenemos nada más", se quejó el diputado foral vizcaíno Juan María Aburto.

La Ley de Dependencia promulgada a principios de este año por el Gobierno central cumplió otro paso el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros aprobó un decreto para la valoración de la dependencia, que está en vigor desde el lunes. La normativa señala que en 2007 sólo se beneficiarán los "grandes dependientes", que en Euskadi superan los 10.000. Las diputaciones de Vizcaya y Álava, que ayer aprobaron sendos decretos para regular la valoración de la dependencia, los cifraron ayer en 5.700 y 2.764, personas respectivamente.

El procedimiento es similar en ambos casos. Los solicitantes deben realizar su petición con un informe médico, que será estudiado por los servicios sociales de base. Posteriormente, los departamentos de Acción Social deberán definir el grado y el nivel de dependencia. Tanto la Diputación de Vizcaya como la de Álava coincidieron en que la iniciativa nace con muchas carencias, ya que no define los servicios que se prestarán, el reparto de la financiación entre la administración y los usuarios (el llamado copago) o la acreditación de los centros de atención.

Críticas forales

"Empieza de manera coja", aseguró la diputada alavesa de Bienestar Social Ainhoa Domaica. "Es precipitado llamar a los ciudadanos a exigir prestaciones que a día de hoy no existen", indicó a su vez el titular vizcaíno de Acción Social Juan María Aburto. A su juicio, el decreto aprobado el vienes por el Consejo de Ministros es un instrumento "imprescindible pero no suficiente". "No hay servicios que ofrecer a la ciudadanía, y esto es así porque no se han aprobado el resto de instrumentos necesarios para que el sistema entre en funcionamiento de verdad".

Aburto recordó que el pasado jueves las comunidades autónomas reclamaron mayoritariamente al Gobierno central que la aprobación del baremo de valoración se demorase hasta que los servicios puedan prestarse de "manera efectiva".

En los decretos aprobados por las diputaciones se incluyen modelos para elaborar las solicitudes, pero el responsable foral vizcaíno hizo una llamada a la "tranquilidad" de los ciudadanos para evitar situaciones de colapso. El diputado admitió que ahora ya se están recibieron llamadas en los ayuntamientos por parte de afectados.

El diputado vizcaíno criticó que el decreto aprobado por el Gobierno central haya generado "expectativas de prestaciones económicas" a familiares que atienden a dependientes. "Es desmedido porque ahora [la ley] sólo afectará a los grandes dependientes". Apuntó que únicamente en Vizcaya existen 823 personas atendidas en centros de la Diputación que no se beneficiarían de la ley de Dependencia, "ni hoy ni en 2015".

La diputada alavesa Ainhoa Domaica aseveró que todavía es "un secreto" la financiación para la prestación de servicios y dijo que las cifras que maneja el Gobierno "son insuficientes", sobre todo para Álava, donde la inversión en los servicios sociales existentes "superan en mucho los cálculos que maneja el Ministerio". A pesar de que reconoció que la ley "no es un retroceso", la diputada consideró que a la normativa le faltan los decretos necesarios para articular el sistema y recordó que ha sido elaborada sin el consenso de las administraciones competentes en la materia.

Juan María Aburto reprochó al Ejecutivo central que, con el decreto aprobado la pasada semana, quiera "aparecer como el garante de un derecho que luego no financia". Sobre las ayudas anunciadas, manifestó que "los 250 euros" mensuales para los dependientes ya calificados son una cantidad "ridícula", frente a los costes actuales de 2.000 euros en una plaza residencial en Vizcaya, que para los discapacitados alcanza los 4.000 euros mensuales. Agregó que las más de 26.000 personas atendidas el pasado año seguirán recibiendo los servicios con independencia de que no estén incluidos en la nueva ley de Dependencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0024, 24 de abril de 2007.