Lino nada inocente
El caso del fraude del lino, causante de un gran revuelo político en la anterior legislatura, recuerda el llamado caso Naseiro de hace casi 20 años. Las conversaciones telefónicas del entonces tesorero de Alianza Popular sobre cómo conseguir de los constructores comisiones para su partido fueron declaradas como no existentes por el Supremo por el modo ilegal de obtenerlas, pero ello no implicó que no existieran en la realidad. Algo parecido ocurre con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el caso del lino: la absolución de las 18 personas acusadas de falsedad en documento mercantil y de obtención indebida de fondos comunitarios -cultivadores y propietarios de empresas transformadoras- no anula la realidad del "fraude generalizado" en el sector detectado por la UE al menos en 1999 y 2000, por el que el Gobierno español tuvo que devolver 134 millones de euros, deducidos de futuros pagos comunitarios.
La sentencia ha causado la natural satisfacción en los implicados, que han visto cómo la principal acusación -el mutuo y previo acuerdo entre cultivadores e industria transformadora para inflar artificialmente la producción- no ha quedado judicialmente probada. La sentencia llega incluso a señalar que esa acusación nunca debió formularse, lo que no deja de ser un reproche a la Fiscalía Anticorrupción, a las administraciones denunciantes y a la UE. Menos natural ha sido la reacción del PP, que ha utilizado la sentencia en beneficio propio, presentándola como prueba de su inocencia política, eludiendo una vez más la responsabilidad que le correspondía como Gobierno y en el ámbito de las comunidades afectadas, gobernadas unas por el PSOE y otras por el PP, respecto de las "graves deficiencias en el sistema de control" de las subvenciones detectadas por Bruselas.
Desde el punto de vista penal se puede argüir que las irregularidades administrativas no tienen por qué ser siempre delictivas. Pero lo que no puede ser es que queden impunes y nadie -ni responsables políticos ni funcionariales, cultivadores o empresas transformadoras- asuma la más mínima responsabilidad por el descontrol existente en su día en el sector.
