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España busca en la costa los mejores lugares para parques eólicos marinos

El Gobierno subastará en 2008 las primeras zonas con una prima que duplica la eólica terrestre

La costa española puede estar en unos años salpicada de molinos de viento. El Gobierno desbloqueará la construcción de parques eólicos marinos con un decreto antes de verano y en el que Industria se compromete a cartografiar antes de 2008 los 4.000 kilómetros de costa en busca de los mejores emplazamientos de la costa -estos parques suelen estar a unos cinco kilómetros del litoral- para esta nueva fuente de energía y descartar otros por su impacto ambiental. Después, el Gobierno sacará a concurso estos emplazamientos entre las eléctricas y pagará por la electricidad producida hasta el doble de lo que paga por la eólica terrestre.

El responsable de investigación de Plantas Eólicas del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), Félix Avia, señala que "los parques eólicos marinos son imprescindibles para cumplir el objetivo de la UE de que en 2020 el 20% de la energía sea de origen renovable". El potencial es grande: "El viento en el mar es más constante y más potente que en tierra y España tiene 4.000 kilómetros de costa". Un estudio de la Comisión Europea calculó que España podría tener 25,52 gigawatios de potencia instalada de eólica marina en 2020, el doble de la que actualmente hay en eólica terrestre. Greenpeace elevó el potencial para 2050 hasta los 164,76 gigavatios.

Y sin embargo, problemas burocráticos, -no estaba claro quién debía tramitar estos parques- y protestas de pescadores y vecinos han bloqueado los 19 proyectos existentes en España (la mayoría en Cádiz, pero también en Tarragona, Castellón o A Coruña). Así que el Gobierno paralizó estos planes y preparó un decreto específico sobre la energía eólica marina. El texto, que el Gobierno marea desde 2006, se aprobará entre "mayo y junio", según fuentes de Industria.

El texto unifica la tramitación en una única ventanilla, algo que hasta ahora era un dolor de cabeza para los promotores ya que están implicados cinco ministerios: Industria, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Defensa y Fomento. Los parques terrestres son competencia autonómica, pero en el mar manda el Gobierno. En una nueva disposición adicional, Industria se compromete a tener antes de 2008 un mapa con los mejores emplazamientos y con zonas en las que por su impacto ambiental no se podrán construir parques.

Con este mapa, el Gobierno sacará a concurso entre las eléctricas esas zonas para que éstas hagan los estudios en detalle para la construcción de los parques. El Gobierno advierte de que podrán cobrar hasta 0,164 euros por kilowatio producido, lo que supone el doble que el precio pagado por la energía eólica en tierra. El sistema de concurso y de concesión es similar al que se realiza con las minas, mientras que en tierra cada eléctrica compra donde quiere y se busca los permisos.

El director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, Alberto Ceño, señala que con esa prima "los números pueden cuadrar para que en cuatro o cinco años estén en marcha los primeros parques eólicos marinos". Aunque el precio que recibirán por la energía es mayor que el producido en tierra, los costes de inversión y mantenimiento son también el doble. A cambio, los molinos en el mar producen entre un 30% y un 80% más electricidad que los de tierra, ya que el viento en el mar es más constante y más fuerte.

El principal problema es que en España la profundidad del mar es muy grande incluso cerca de la costa, lo que encarece la instalación de los molinos, como señala Ladislao Martínez, de Ecologistas en Acción. Félix Avia explica que la pega de la profundidad se puede solucionar con molinos flotantes, anclados al fondo, pero cuya sujeción no llega hasta el lecho marino. Hasta los 20 metros de profundidad hay molinos convencionales y "en el Reino Unido ya hay un parque eólico marino a 49 metros", según Avia, que dirige proyectos para desarrollar esta tecnología.

En los lugares en los que se ha planeado estos parques, como Barbate, pescadores y vecinos se han opuesto, por su impacto en el paisaje y por una eventual reducción de la pesca. Avia señala que en otros países no se ha reducido la pesca sino que "en algunos lugares ha aumentado ya que estos pivotes actúan como arrecifes artificiales".

Los ecologistas no se oponen a estas instalaciones siempre que se hagan minimizando el impacto ambiental, explica José Luis García, de Greenpeace. El decreto establece que se deberá evaluar el impacto sobre "la pesca, la fauna y la flora marina, las aves, la navegación aérea y marítima, el suelo marino, el paisaje, la estabilidad de las playas, el turismo y la defensa y la seguridad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de abril de 2007