El juez envía a prisión por blanqueo al abogado Rafael Cruz-Conde

El abogado Rafael Cruz-Conde y otras tres personas implicadas en la Operación Hidalgo contra el blanqueo de capitales en Marbella (Málaga) salieron ayer a las 23.30 en dos coches policiales y entre los aplausos de una veintena de sus allegados hacia la prisión provincial de Alhaurín de la Torre. El juez instructor del caso, Francisco de Urquía, decretó prisión incondicional para todos ellos en la tercera y última jornada de interrogatorios.

Rafael Cruz-Conde y Suárez de Tangil, de 63 años y representante de una de las familias más tradicionales de Córdoba, fue el último de los 20 detenidos en la trama de blanqueo de capitales en pasar por el despacho del magistrado. El dueño del bufete Cruz-Conde, elemento central de la trama de blanqueo de capitales, fue interrogado durante algo menos de una hora por el juez Francisco de Urquía, según informaron fuentes de su defensa.

Junto a Cruz-Conde, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Marbella envió a la cárcel a su socio, el también letrado Guzmán de Lacalle y Noriega, al economista Luis Rubio y al ciudadano paquistaní y supuesto cliente del bufete Azam Kham. Este último, hasta el pasado jueves por la noche, era una de las ocho personas que la Policía no pudo detener en el arranque de la Operación Hidalgo. Sin embargo, decidió entregarse en el juzgado tras conocer que el juez De Urquía había enviado a prisión a su esposa, Khad D. En la jornada de ayer, el juez dejó en libertad bajo fianza de 200.000 euros al abogado de origen alemán Matthias Schiemann y en libertad sin fianza al economista José Ramón Pedregosa.

Los detenidos salieron desde los juzgados de Marbella hacia la prisión de Alhaurín por parejas. En un primer coche policial viajaban el letrado Cruz-Conde y el economista Rubio y en el segundo vehículo iban el abogado Lacalle y el supuesto intermediario de traficantes de armas Kham. Los familiares y allegados de los detenidos saludaron su salida con gritos de ánimo mientras intentaban impedir que las cámaras de televisión captaran imágenes de los detenidos. Los agentes de Policía tuvieron que llamarles la atención para que dejaran trabajar a los medios de comunicación.

De los 20 detenidos que se ha cobrado hasta el momento la Operación Hidalgo, seis han sido enviados a prisión incondicional, cuatro han pagado fianzas entre 50.000 y 300.000 euros para quedar en libertad y los otros diez han salido sin necesidad de dejar dinero en garantía. En la operación, que no está cerrada, han sido detenidos seis abogados, tres notarios, economistas de la asesoría Santa Ana 1, propiedad de Cruz-Conde, secretarias y la cuñada del principal imputado, Teresa Roca.

Según fuentes policiales, los abogados conservaban el 1% de las acciones de las sociedades creadas para ocultar dinero procedente del tráfico de armas, drogas y mujeres y contaban con la colaboración de otro bufete radicado en Ámsterdam (Holanda) que a su vez conservaba otro 1% y derivaba el resto del accionariado a paraísos fiscales, como Gibraltar o las Antillas Holandesas, en los que resulta prácticamente imposible conocer la titularidad de los verdaderos propietarios.