Divergencias entre los juristas

Los juristas interpretan con cautela declaración de ilegitimidad de los juicios de la Guerra Civil y el franquismo. Coinciden en que de momento, y hasta que se concreten las condiciones, es pronto para asegurar cuáles son las consecuencias jurídicas del acuerdo entre PSOE e IU-ICV, y las que intuyen apuntan en distintas direcciones.

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción y veterano jurista, cree que "es el primer paso

de un largo proceso para obtener la nulidad jurídica de miles de sentencias". José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, afirma que hubiese preferido que la ley hubiera empleado el término "nulidad" y duda de que la declaración de ilegitimidad acuñada tenga consecuencias jurídicas.

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO. Ex fiscal Anticorrupción

Carlos Jiménez Villarejo ha asesorado a ICV en la negociación con el PSOE y tiene muy clara la interpretación de la ley. "No es lo mismo acudir a un tribunal a pedir una anulación de sentencia en virtud de que ésta va en contra que hacerlo apelando a una ley que expresamente declara esa ilegitimidad. La vía para conseguir una anulación directa es ahora más accesible. En última instancia dependerá de la interpretación de los tribunales, pero es razonable pensar que los jueces difícilmente podrán seguir hablando, como ha hecho hasta ahora la Sala de lo Militar del Supremo, por ejemplo en el caso Grimau, de que no puede revisar algo que se hizo según el ordenamiento vigente en ese momento. La posición de los jueces tiene necesariamente que ser distinta. Hay que pensar que, según un libro reciente, al final de 1941 el 9,5% de la población española había sufrido algún tipo de proceso en base a la ley de responsabilidades políticas. Hablamos de muchos miles de personas. Creo que ahora se abre el camino para la reconciliación definitiva, basada en la justicia".

JOSÉ A. MARTÍN PALLÍN. Magistrado del Tribunal Supremo

La palabra "ilegítimo" le sabe a poco. "Yo soy partidario de la nulidad absoluta. El problema esencial que tiene que plantearse un jurista es que los juicios se celebraron sin posibilidades de defensa para los acusados. El problema son los condenados por delitos de sangre, pero tampoco ellos tuvieron un juicio justo. Son todos ilegítimos porque el proceso sumarísimo no daba ninguna garantía de defensa", explica.

José Antonio Martín Pallín considera que el acuerdo para declarar ilegítimos los juicios de la Guerra Civil y el franquismo es "un paso adelante", pero no cree que vaya a tener consecuencias jurídicas: "Parece que con este acuerdo se cargan la excusa de la inseguridad jurídica, pero quedan demasiados flecos sueltos, es muy ambiguo". El magistrado propone incluir una cláusula en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para declarar nulas todas las condenas de tribunales militares en juicios sumarísimos. "Comprendo", agrega, "que para un político no es fácil resolverlo, pero esto no lleva a ningún lado".

JOSÉ LUIS REQUERO. Vocal del Consejo General del Poder Judicial

José Luis Requero, vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial, acoge con inquietud el acuerdo para declarar ilegítimos los juicios de Franco. "Si finalmente esto sirve para anular las sentencias de la Guerra Civil y el franquismo supondría anular también sentencias de verdaderos delitos, incluso de terrorismo, como si nunca hubieran hecho nada. Llevaría a situaciones de injusticia, porque supondría declarar también ilegítimos los juicios de crímenes abominables. Además, crea inseguridad jurídica. ¿Y si dentro de 50 años cuaja la idea de que los etarras eran combatientes del pueblo vasco y anulan todas las sentencias de la Audiencia Nacional?".

A Requero le preocupa que la declaración de ilegitimidad de los juicios de la Guerra Civil y el franquismo estimule a los propios condenados y a sus familiares a pedir la anulación de sus juicios. "Sería un despropósito. Algo enloquecedor. Habría que destinar centenares de personas a revisar asuntos ya olvidados. Miles y miles de asuntos", asegura.

Este vocal del Consejo del Poder Judicial, contrario al proceso de recuperación de la memoria histórica -"es un error estratégico. Creo que la sociedad española no está preparada", aduce- considera que el proyecto de ley "iba bien como estaba" y explica: "Se hacía una declaración de carácter moral, de condena, a los abusos y las condenas de carácter ideológico, y se añadía que este tipo de declaraciones no supondrían jamás una responsabilidad para el Estado; pero si reconoce que ha administrado justicia ilegítimamente, los condenados o sus familias podrían pedir un resarcimiento, y eso sería muy peligroso desde el punto de vista económico para el Estado".

MARC CARRILLO. Catedrático de Derecho Constitucional

"La nueva ley, como todas, vincula a los tribunales. Por tanto, la declaración de ilegitimidad ha de coadyuvar a que todos los tribunales, incluido el Supremo, en los casos que puedan acreditarse, deban emitir sentencias declarativas de la ilegitimidad de las sentencias y sanciones administrativas", afirma Marc Carrillo. Éste no cree que vaya a ser necesario crear comisiones especiales: "El derecho a obtener una declaración de reparación y recogimiento personal se hace compatible con las acciones ante los tribunales. No obstante, en principio, los efectos jurídicos de dichas acciones quedan indeterminados en la nueva redacción de la ley".

En cualquier caso, subraya este catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, la decisión de declarar ilegítimos los juicios de la Guerra Civil y el franquismo tiene "un gran valor simbólico".