El Gobierno descarta anular o revisar de oficio los juicios del franquismo

El Gobierno advirtió ayer de que no se anularán los juicios del franquismo ni tampoco habrá una revisión de oficio de las sentencias. Lo que el Ejecutivo acordó el jueves con IU es declarar "ilegítimos" los juicios y las sentencias de los tribunales del franquismo. "Es una ley que ni rompe nada ni vuelve al pasado ni mira atrás. Exclusivamente reconoce y extiende derechos a aquellas personas que sufrieron en sus derechos como consecuencia de la Guerra Civil y de la dictadura", aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros.

Fernández de la Vega trató ayer de quitar hierro a la dura reacción del PP de la víspera, que llegó a calificar de "entierro definitivo de la transición democrática" el paso que ha dado el Gobierno de incorporar a la Ley de Memoria Histórica la declaración como ilegítimos de los juicios y las condenas del franquismo. Insistió en que la pretensión del Ejecutivo, con esta medida, no es revisar el pasado ni la historia reciente de España, sino reconocer derechos a personas que estaban privados de ellos, en coherencia con uno de los principales objetivos del Gobierno de Zapatero, la ampliación de derechos a los ciudadanos, como mujeres, homosexuales, dependientes, etcétera.

El acuerdo que alcanzaron el PSOE e IU el jueves, con el apoyo del Gobierno, que desbloqueó la negociación del proyecto de ley de Memoria Histórica, encallada desde hace meses, tiene como base la incorporación de una nueva referencia que fija "la ilegitimidad de los tribunales franquistas y de las condenas dictadas por motivos ideológicos o políticos durante la dictadura".

Además, el organismo que expedirá el reconocimiento de la "ilegitimidad" de la condena de los tribunales franquistas a quienes lo soliciten no será una comisión de extracción parlamentaria, como señalaba el texto inicial del proyecto, sino el propio Ministerio de Justicia.

Este departamento distinguirá, ante los solicitantes, los casos en los que no hay sentencia -como los paseos o fusilamientos sin juicio durante la Guerra Civil y la postguerra- de aquellos en los que se celebró un juicio. En el primer caso se reconocerá la "injusticia", y en el segundo la "ilegitimidad" del tribunal. "Esto no significa que el Gobierno vaya a proponer la anulación de los juicios del franquismo porque sería una intromisión del Ejecutivo en el legislativo", añadieron las fuentes gubernamentales.

La vicepresidenta primera expresó, también, su confianza en que el Gobierno dispondrá de mayoría suficiente para aprobar el polémico proyecto de ley de Memoria Histórica, que pretende culminar su tramitación antes de que finalice esta legislatura.

Este cambio de rumbo del proyecto de ley es asumido por el PNV, Coalición Canaria y el Grupo Mixto, con cuyos portavoces conversó el Gobierno antes de que PSOE e IU escenificaran el jueves el acuerdo. Fernández de la Vega también cuenta con sumar a CiU, según dijo ayer al final del Consejo de Ministros, aunque su portavoz, Josep Antonio Duran Lleida, lo descartó ayer públicamente.

Las incorporaciones se producirán durante la negociación parlamentaria del proyecto de ley. El PNV, además de asumir la nueva referencia sobre la ilegitimidad de los tribunales franquistas y sus condenas, planteará, en dicha negociación, la devolución de su patrimonio, como el periódico Euzkadi, incautado tras la entrada de las tropas de Franco en Bilbao, en junio de 1937, y la documentación del Gobierno vasco, registrada en el Archivo de Salamanca.

Fernández de la Vega admitió que es "más difícil la incorporación al acuerdo del PP y ERC", aunque el Gobierno "lo intentará" hasta el final.