La Junta Electoral Central ignora las denuncias de fraude en el censo

La Junta Electoral Central ha ignorado hasta el momento la notificación del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los empadronamientos masivos para alterar el censo electoral y no ha dedicado ni un punto de sus reuniones al tema, según fuentes del organismo. El INE ha detectado 235 municipios con movimientos sospechosos en el censo. De ellos ha denunciado nueve a la fiscalía y remitido 68 a la Junta Electoral. El INE se niega a publicar los nombres de estos ayuntamientos con el argumento de que es "un dato interno".

Los ayuntamientos denunciados se encuentran en las provincias de Orense, Ávila, Madrid, Almería, Valencia y cuatro en Castellón, según una información de CNN+ recogida por Europa Press.

El INE anunció ayer que desde junio de 2006 ha detectado "variaciones significativas en el número de electores en 235 municipios y 51 entidades locales menores". La Oficina del Censo Electoral del INE ha pedido a estos ayuntamientos que aclaren los masivos empadronamientos a meses de las elecciones. De esos, el INE investiga actualmente 10 municipios y ya ha enviado nueve a la fiscalía. Además, 68 ayuntamientos no han respondido a los "requerimientos de información", algo que, según el INE, "se ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral Central".

El INE asegura que no tiene capacidad ejecutiva y que depurar el censo corresponde a la Junta Electoral. "Si un alcalde no hace su trabajo y no limpia el censo nosotros no podemos hacerlo por él", añade este portavoz del INE. Según éste, su labor es detectar las anomalías, no corregirlas. Sin embargo, el artículo 62 del decreto sobre el padrón municipal permite al INE intervenir "si un Ayuntamiento no llevare a cabo las actuaciones" para que el padrón "concuerde con la realidad".

Fuentes de la Junta Electoral Central confirman que el tema de los empadronamientos masivos no se ha tocado en ninguna reunión. Sólo salió el martes en el turno de "ruegos y preguntas, y no se le dedicó ni un minuto", según fuentes del organismo encargado de garantizar el juego limpio en las elecciones. Fuentes de la Junta Electoral aseguran que actuarán cuando haya denuncias y que si el INE les ha informado ha sido de forma genérica. La Junta Electoral Central ha emitido hasta seis instrucciones para estos comicios.

El INE oculta los nombres

En abril de 2003, antes de las pasadas elecciones, ante una queja de empadronamientos ficticios, la Junta Electoral pidió un informe a la Oficina del Censo y respondió al denunciante que "si apreciara la existencia de indicios de delito deberá poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal". El problema es que generalmente el fiscal y la justicia tardan años y la elección se celebra antes sin pegas.

Pese a la gravedad de la acusación -el censo es clave en municipios pequeños, donde un puñado de votos decantan la elección-, un portavoz del INE aseguró ayer que el listado de ayuntamientos denunciados no se hará público "por ser un dato interno". El INE, que preside Carmen Alcaide, depende del Ministerio de Economía, cuyo titular, Pedro Solbes, anunció transparencia al llegar al cargo.

Hay denuncias en pueblos de Almería, Guadalajara, Castellón, Galicia... En los últimos seis meses, 110 ayuntamientos han aumentado su censo más de un 10%, cuando el nacional ha subido un 0,3%. En Membribe de la Sierra (Salamanca) la oposición denuncia que el alcalde, del PP, ha inscrito a nueve personas en un gallinero y a otros 15 en una vivienda. El censo de Membribe ha pasado de 119 a 157 personas en seis meses. El PP denuncia casos similares del PSOE en Castilla-La Mancha.

El problema con el que se encuentran los denunciantes es que los rebotan de un lado a otro, como señala Paz Azkona, de la Alternativa Democrática de Pitillas, en Navarra. Azkona denunció antes de los comicios de 2003 la inscripción de 135 electores de golpe. Pese a que la Oficina del Censo comprobó el fraude antes de las elecciones, la votación se celebró y Azkona perdió por 74 votos frente a Rafael Esparza, de la Agrupación Independiente de Pitillas. Tres años y medio después, el Supremo inhabilitó a Esparza como alcalde, pero su segundo tomó el relevo.

Azkona ha denunciado ahora más fraudes, pero teme que nada pase. El INE le respondió el pasado 17 de enero por escrito que "no es, en ningún caso, un órgano fiscalizador del ejercicio de las competencias municipales" sobre el padrón, y el Ministerio de Justicia la mandó al juzgado.