Imputado el responsable de campaña del PP en Melilla por falsificación en documento público

La juez de Melilla que lleva el caso del supuesto fraude en la solicitud del voto por correo imputa al gerente de la campaña electoral del PP en esta ciudad, Javier Lence, un presunto delito de "falsedad documental en relación con un posible fraude electoral", según supieron ayer las partes personadas, tras el levantamiento del secreto del sumario. Hasta ahora, la dirección melillense del PP y el propio Lence habían mantenido que éste, tras prestar declaración el viernes 13 de abril, había sido puesto "en libertad sin cargos", en palabras del presidente del partido en la ciudad, Arturo Esteban.

Correos desmiente que haya escasez de impresos de voto en la ciudad, en contra de lo que denuncian los populares

El PP afirmó que Lence había quedado en libertad sin cargos y que "ni la juez ni el fiscal" habían apreciado delito

La juez que investiga el caso de los impresos para votar por correo alude en el sumario a un presunto fraude electoral

Lence fue citado a declarar aquel viernes, después de que la Guardia Civil entrara en la imprenta Marfeme y descubriera 1.000 impresos supuestamente falsificados para solicitar el voto por correo en las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo. Una hora antes de la intervención policial, Lence telefoneó a uno de los dueños de la imprenta y le pidió que destruyera todo, que le pasara los gastos de todas maneras y que no hiciera ninguna factura del encargo que le había hecho. "Necesito que lo rompas y lo destruyas, tío, porque no me vale y me tiene... Y me lo van a solucionar de forma oficial", dijo.

Lence acudió al juzgado como imputado y asistido por abogado, al considerar la juez que podrían derivarse contra él responsabilidades penales. Después, el alto cargo del PP de Melilla quedó en libertad, al tener domicilio conocido y no existir riesgo de fuga ni destrucción de pruebas, según fuentes jurídicas. Al día siguiente, compareció ante los periodistas acompañado del presidente del PP de Melilla, Arturo Esteban, quien afirmó que "no ha existido dolo falsario, ni la juez ni el fiscal han apreciado delito". El propio Lence dijo que había quedado "en libertad sin cargos" y no había sido "ni detenido ni retenido".

Según el PP, no había cargos

Sin embargo, ayer se supo que la juez Julia Adamuz ya comunicó al responsable del PP, al tomarle declaración, que estaba imputado en un supuesto delito de falsedad de documento en relación con un posible fraude electoral, lo que desmiente la afirmación del PP de que estaba "en libertad sin cargos". Es decir, Lence está incurso en un procedimiento judicial y las futuras actuaciones y pruebas que se aporten a las diligencias previas deberán sostener o desvirtuar esta imputación, según fuentes jurídicas.

Fuentes del caso, en el que están personados como acusación el PSOE y Coalición por Melilla, explicaron que el delito de falsedad documental está recogido en el artículo 392 del Código Penal. Éste contempla penas de seis meses a tres años de prisión, que podrían agravarse si hay pruebas de que estuviera conectado con un posible fraude electoral.

Esta causa judicial se deriva de la Operación Estampa, puesta en marcha el 8 de enero pasado por la Guardia Civil al tener sospechas de que una imprenta estaba falsificando etiquetas de productos ya caducados, así como envases de una conocida marca de jabón. Pero la investigación arrojó tres meses después una sorpresa, cuando los agentes oyeron, a través de los teléfonos pinchados, una conversación entre uno de los dueños de la imprenta y Javier Lence, en la que éste encargaba 1.000 impresos para solicitar el voto por correo. La operación tuvo que reventarse cuando la Guardia Civil escuchó cómo Lence pedía al impresor que destruyera su encargo.

Por otra parte, las mismas fuentes sostienen que por el momento no hay ninguna denuncia ni querella contra el diario EL PAÍS en relación con la difusión de las conversaciones de Lence con los dueños de la imprenta y otros datos del caso. Lo único que hay en el juzgado es un escrito en el que el PP solicita la práctica de diligencias para saber el origen de estas informaciones y pide que se investigue a los funcionarios del juzgado.

El mismo 14 de abril, cuando este diario informó de que una juez investigaba en Melilla el encargo a una imprenta, por parte del PP, de copias ilegales de impresos para solicitar el voto por correo, los populares anunciaron en rueda de prensa acciones diarias contra este diario. "Expreso mi total repugnancia por el tratamiento informativo sesgado y, por supuesto, manipulado del diario EL PAÍS. Es una desvergüenza periodística. El lunes emprenderé acciones legales", afirmó entonces Lence.

En relación con este escándalo, la Junta Electoral Central (JEC) ha pedido ser informada de la decisión que en su momento adopte el Juzgado de Instrucción de Melilla por si tuviera que adoptar alguna medida dentro de sus competencias, según se desprende de una resolución aprobada por el máximo organismo arbitral.

Correos tenía impresos

El PP ha venido quejándose de escasez de impresos para solicitar el voto por correo, lo que, según este partido, explicaba por qué encargó 1.000 ejemplares a la impresa Marfeme. Sin embargo, a mediodía de ayer había disponibles 3.815 de estos formularios, según fuentes de Correos, y hasta ese momento se habían entregado 935, lo que desmiente los supuestos problemas denunciados por los populares. Una instrucción cursada el 9 de abril por el secretario general de Correos, José María Mayorga Burgos, precisa a todas las oficinas de España que no deben facilitarse impresos de forma masiva ni a partidos ni a otros colectivos, y se recuerda que esta solicitud ha de tramitarse de forma personal por los votantes.

El gerente del PP de Melilla, imputado por un presunto delito de falsedad documental