Las inmobiliarias afirman que se implicarán "al máximo" en el pacto para la vivienda

La Asociación de Promotores y Constructores de Barcelona (APCE), que aglutina al 80% de las inmobiliarias catalanas, se implicará "al máximo" en el pacto nacional para la vivienda que la Generalitat pretende alcanzar con partidos, empresas y sindicatos, según afirmó ayer en un comunicado. Sin embargo, la patronal consideró que el plazo que abarca el acuerdo es "corto" y apostó por un paquete de medidas para desarrollar en un periodo de entre 20 y 25 años. APCE rechazó pedir como contraprestación rebajar el proyecto de ley de vivienda, en trámite parlamentario.

Una semana después de que el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, iniciara formalmente la presentación a los partidos políticos de la propuesta del Ejecutivo para un pacto para la vivienda, la patronal de los promotores y los constructores fijó ayer su posición oficial. La asociación, especialmente crítica desde el principio con el proyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda, alabó la voluntad del Gobierno catalán de proponer un "plan consensuado", resaltó la creación de la figura de la Vivienda Protegida de Cataluña -de precio intermedio-, y aseguró que el sector "tiene la obligación de implicarse al máximo".

Propuesta con "carencias"

Sin embargo, APCE criticó algunos aspectos del primer borrador del pacto que tachó de "carencias". El primero, el periodo que abarca el acuerdo, diez años. La entidad recordó que "viene insistiendo ante las administraciones autónomica y local" de abordar un "gran pacto nacional" para tratar de resolver los problemas de acceso a la vivienda "a largo plazo". Y este periodo lo situaron a entre 20 y 25 años, el doble de lo previsto en el borrador que esta semana sigue presentando a asociaciones sociales y económicas el Ejecutivo catalán.

Los empresarios del sector opinan que el tiempo para ejecutar las 400.000 viviendas, de las cuales 160.000 deberán ser públicas, es insuficiente, dada "la extraordinaria lentitud y complejidad" de la gestión del suelo por parte de los ayuntamientos. En el borrador del pacto, la Generalitat se compromete a "fijar nuevos criterios" para acelerar los procesos urbanísticos en nuevos ámbitos residenciales que determinen "prioritarios" tanto por parte de los ayuntamientos, que deberán aprobarlos en sus plenos municipales, como de las comisiones de urbanismo.

Los empresarios admitieron esta previsión de la Generalitat para "dinamizar todos los obstáculos que puedan aparecer en la preparación de todo tipo de suelo", pero recordaron que para alcanzar los 160.000 pisos sociales previstos se requerirá "mucho más que compromisos". "Siempre hemos considerado que entre 20 y 25 años es un periodo más realista para obtener resultados satisfactorios y, sobre todo, estabilizar la actividad del sector", agregaron.

APCE abundó en otro punto que ya había avanzado con anterioridad: el de las infraestructuras (véase EL PAÍS del pasado 14 de abril). De la misma forma que los objetivos del pacto nacional para la vivienda han sido fijados en función de las proyecciones de crecimiento de la población y creación de hogares del Instituto Catalán de Estadística, los promotores demandaron un estudio "en profundidad" de las infraestructuras necesarias para conectar bien todas las viviendas protegidas que vayan a crearse con las principales ciudades catalanas.

La patronal barcelonesa añadió que primero debería fijarse por dónde se debe y se puede construir. "Municipio por municipio y área por área", especificaron. Este diagnóstico permitiría, agregaron, proponer las zonas más adecuadas para que los ciudadanos residieran en función de su ciudad de trabajo, y el tipo de infraestructuras (en especial ferroviarias) y los equipamientos que necesitarían.

A diferencia de Convergència i Unió y el Partido Popular, que aplaudieron el pacto pero a cambio exigieron que se aparcara la ley para el derecho a la vivienda -en trámite parlamentario-, fuentes de APCE negaron que ellos vayan a pedir una contraprestación de este tipo. Estas fuentes señalaron que la ley no tiene que ver con el acuerdo, y recordaron que fueron ellos quienes propusieron un pacto para afrontar el difícil acceso a la vivienda para buena parte de la población.