El Tribunal de Cuentas confirma las irregularidades de la Zona Franca de Cádiz durante la etapa del PP

El informe definitivo del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz durante los años 2001 y 2004, en los que estuvo al frente el Partido Popular, confirma las irregularidades detectadas en un anterior documento del mismo órgano y de las que también había alertado la Abogacía del Estado. Según el informe, los ex delegados Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna cometieron numerosas deficiencias en la adjudicación de contratos, la recepción de subvenciones o en la adquisición de empresas. Sus actuaciones, como la compra de la compañía alimenticia Quality Food, llegaron a poner en riesgo casi 31 millones de euros, el 60,64% del patrimonio del recinto fiscal gaditano.

El informe hace especial mención a dos polémicas intervenciones de la Zona Franca gaditana: la puesta en marcha de la sociedad informática Rilco y la compra por parte del Consorcio de la mayoría del accionariado de Quality Food, además de analizar otros aspectos económicos y de gestión de la etapa entre el 31 de diciembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2004. Por ambos asuntos hay abiertas investigaciones en los juzgados.

Sobre Rilco las conclusiones son contundentes. Esta sociedad se constituyó el 16 de febrero de 2000, cuando era todavía delegado Rodríguez de Castro, con el objeto de fomentar el comercio exterior entre los países iberoamericanos a través de un portal informático. Para ponerlo en marcha se firmaron dos contratos, uno con Miami Free Zone y otro con Telvent.

El informe enumera varias irregularidades: la adjudicación a Miami Free Zone se realizó sin que esta compañía aportara la documentación exigida en el pliego de condiciones, sin que existiera acuerdo previo del comité ejecutivo y, además, se pagó el importe total del contrato con mucha anterioridad a la realización de los trabajos y sin certificación de entrega o prestaciones parciales realizadas. Según el Tribunal, el contrato con Telvent tenía el mismo objeto que el de Miami Free Zone y no se han podido deducir las partes del proyecto que realizó cada una.

El órgano fiscalizador también destaca que el proyecto RILCO contó con subvenciones del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología. En concreto, dos anticipos de 4.809.299 euros. El informe advierte de que la justificación de las ayudas se realizó con facturas emitidas por Miami Free Zone cuando esta empresa no había hecho ninguna entrega ni progreso alguno en el contrato. Esos anticipos iban destinados a pagar equipos electrónicos que contaban con un presupuesto de 6.794.992 euros, cuando un peritaje posterior de la Universidad de Sevilla, valoró esos aparatos en 1.147.262 euros.

Además, el Consorcio ya había recibido una subvención anterior por el mismo proyecto, algo que prohibían expresamente las condiciones de las ayudas ministeriales.

Otro destacado apartado del informe se refiere a la adquisición de la mayoría de acciones del grupo Quality a finales de 2003, cuando era delegado Miguel Osuna. El documento definitivo del Tribunal confirma que se arriesgó en esta operación 30.922.274 euros, el 60,54% del patrimonio de la Zona Franca, valorado entonces en casi 51 millones de euros. Se aprobaron préstamos y líneas de crédito sin garantía de devolución con provisiones de riesgos y gastos de 17.790.785 euros.

El informe sí recoge algunas mejoras en este período con respecto a la anterior etapa fiscalizada entre 1997 y 2000. Durante la etapa de Miguel Osuna sigue existiendo una falta de regulación interna sobre los gastos de viaje y su justificación, como en la gestión de Rodríguez de Castro, aunque se han suprimido las tarjetas de crédito domiciliadas a cuenta corriente del Consorcio.

El documento definitivo del Tribunal de Cuentas se ha elaborado tras la presentación de las alegaciones por las partes, aunque su contenido no dista mucho del conocido a finales de agosto del año pasado. El PP y Miguel Osuna acusaron entonces al actual delegado, el socialista José de Mier, de haber ocultado información deliberadamente al Tribunal. A pesar de esas alegaciones, el órgano fiscalizador mantiene una por una las irregularidades ya detectadas.

El informe debe pasar ahora por la Comisión del Tribunal de Cuentas. El PSOE pidió ayer responsabilidades a los gestores del PP y a los que los nombraron, el entonces vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato y Teófila Martínez, presidenta del Consorcio de la Zona Franca y alcaldesa de Cádiz. "Será difícil encontrar en la administración pública un período continuado de tantas y tan graves irregularidades" aseguró ayer el diputado socialista, Rafael Román. Miguel Osuna ha anunciado que comparecerá hoy para comentar el informe.