El inspector cazado

Cuando a Miguel Osuna (47 años) le preguntaron en 2001 si quería ser delegado de la Zona Franca (ZF) asintió de inmediato. No le preocupaba que fuera un organismo convulso por los numerosos escándalos que dejó su antecesor Manuel Rodríguez de Castro, también del Partido Popular. Estaba convencido de que ganaría en calidad de vida. Recuperaría fines de semana y un horario de oficina, y sus ingresos se multiplicarían. Con todo, lo que más valoró es que dejaría de sonarle el "dichoso" teléfono a cualquier hora como subdelegado del Gobierno de Cádiz, una provincia con muchos frentes por su situación fronteriza, sus conflictos laborales y los delitos relacionados con la inmigración y el narcotráfico. Seis años después -tres tras dejar el cargo-, se queja, en ocasiones, de que su teléfono apenas suene.

A Osuna no le importó que miraran con lupa cada movimiento después de los desmanes del pasado. Llegó con la bendición de la presidenta de la ZF, Teófila Martínez, a quien le había salido rana su apuesta por Rodríguez de Castro, al que "colocó" con el beneplácito de su íntimo amigo, el entonces vicepresidente económico Rodrigo Rato, por encima del militante elegido por el PP de Cádiz. Osuna estaba convencido de que, como inspector de Hacienda, gestionaría adecuadamente la Zona Franca y no caería en los mismos errores que su predecesor. No ha sido así. El Tribunal de Cuentas (TC) confirmó ayer, tras rechazar todas sus alegaciones y las del PP, que su gestión estuvo plagada de presuntas irregularidades, sobre todo en dos operaciones que han estado a punto de arruinar la Zona Franca: el contrato millonario con Miami Free Zone y la adquisición de Quality Food.

En el primer caso, Osuna mantuvo un contrato "escandalosamente irregular", según varios informes, y abonó los últimos pagos millonarios a la firma estadounidense, cuyos propietarios -el matrimonio Leiva- eran socios de Rodríguez de Castro. El Tribunal de Cuentas confirma que se pagaron 6,7 millones de euros por un material informático que apenas costó 1,1. Era un situación claramente viciada que no quiso o no pudo anular -descartó una "caza de brujas" al llegar al cargo-, aunque no dudó en criticar abiertamente el proceder de Rodríguez de Castro (al que pidió que devolviera documentos y dinero). Con todo, adujo que los abogados del Estado no le permitieron acabar con esta operación. Los letrados desmintieron tal extremo. Las sospechas de que había recibido la consigna de limpiar estos desmanes aumentaron. Terminaron por confirmarse cuando su abogado José Luis Ortiz afirmó ante un juez que su cliente fue designado por el PP para "limpiar la mierda (...) y arreglar los desmanes de una casa que era un desastre".

El PSOE siempre le acusó de hacer la vista gorda sobre la gestión de su antecesor, con el que Osuna no guardaba ningún parecido. Frente al apego al protocolo, al boato y al lujo de Rodríguez de Castro, Osuna siempre tuvo un trato afable y llegó a personarse en la ZF con chándal, collarín y un aspecto descuidado. Ahora, el destino de ambos adquiere paralelismos. El primero está condenado por el Tribunal de Cuentas e imputado por apropiación indebida, malversación de fondos públicos, prevaricación y exacciones ilegales, tras una querella interpuesta por la Abogacía del Estado. En este mismo proceso, a Osuna se le juzga por un posible delito societario. Sobre él pesa, además, la compra de Quality Food, una empresa de alimentación que pudo causar, según el TC, un agujero de 31 millones de euros. En este caso, el papel de Osuna fue activo con el objetivo de "jubilarse en esta empresa cobrando 28 millones al año", según denunció el fundador de esta empresa, Manuel García Gallardo, quien le acusó también de conceder créditos a él y "a otros amigos del PP" sin avales. El PP siempre le ha defendido e incluso le concedió en 2006 el premio Popular del Año. ¿Le retirarán ahora los populares el apoyo, como hicieron con Rodríguez de Castro?

A Osuna seguro que le sonó ayer mucho el teléfono, aunque no cogió las llamadas de este periódico.