Afectados por el uranio de Andújar acusan a Trabajo de engañarles

Niegan que tengan reconocida su enfermedad

Los antiguos empleados de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) han negado que, como anunció el Ministerio de Trabajo, se haya reconocido la enfermedad profesional por el contacto con el uranio al 25% de la plantilla. También han dicho que desmienten al ministerio que preside Jesús Caldera, y señalan que no se han opuesto a nuevos reconocimientos.

Ha pasado ya más de un cuarto de siglo desde que la Fábrica de Uranio de Andújar, en Jaén, cerró sus puertas, pero una pesadilla hecha realidad sigue persiguiendo a sus antiguos trabajadores, al menos a los que quedan vivos. Y es que 53 de ellos ya no lo pueden contar. Han ido muriendo víctimas de distintas patologías, la mayoría de cáncer, por su exposición durante más de 22 años a las radiaciones ionizantes provocadas por la extracción del uranio.

El pasado lunes, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hizo público un comunicado en el que señalaba que se había reconocido la enfermedad profesional (una larga reivindicación laboral) al 25% de los trabajadores que estuvieron en contacto con el uranio, mientras que otros 152 debían pasar un nuevo reconocimiento por los equipos de valoración de incapacidades para poder recibir la prestación correspondiente. Lo que, en principio, debía ser una buena noticia al verse, por fin, el final del túnel, se ha convertido en un nuevo elemento de confusión y desolación para los antiguos empleados.

"El anuncio del Ministerio es un nuevo bulo, nadie de los 126 trabajadores que conformaba la plantilla de la FUA ha logrado aún la enfermedad profesional", asegura, estupefacto, Andrés de la Fuente, vicepresidente de la asociación de ex trabajadores.

¿Dónde está entonces la confusión? El Ministerio de Trabajo aclara que se habla de una plantilla de 259 personas porque se ha tenido en cuenta a "todos los que tuvieron algún contacto con el uranio". Aunque no se dieron más detalles, Trabajo ha computado también a los operarios de las minas de Sierra Morena y Cardeña, que suministraban el material a la FUA y que tenían una dependencia laboral de la extinta Junta de Energía Nuclear. Aquí estarían, por tanto, los 54 trabajadores (la mayoría de ellos ya fallecidos) a los que, en su día (cuando cerró la FUA hace 26 años), se les reconoció la enfermedad profesional por la silicosis que sufrieron la mayoría de ellos, pero no porque ningún médico reconociera la relación causa-efecto entre sus patologías y su contacto con el uranio.

En todo caso, 54 trabajadores sobre un colectivo de 259 representa el 20,85% del total. ¿Y el resto de los 205 empleados? "La plantilla de la fábrica era de 126, incluida la dirección", refrenda el vicepresidente de la asociación de antiguos operarios de la FUA. El resto (79) hasta completar el total de los empleados reconocidos por Trabajo serían los que, al cerrar la fábrica de Andújar, fueron trasladados a otras divisiones gestionadas por la Junta de Energía Nuclear en Don Benito (Badajoz) y Salamanca.

"El anuncio de Trabajo no ha hecho más que acrecentar la polémica y las dudas", sostiene Manuel Vázquez, abogado de la asociación de ex trabajadores de la FUA, en la que se integran 36 antiguos empleados, además de 33 viudas y 10 hijos de otros operarios ya fallecidos.

Y es que la principal reivindicación de esta asociación, que preside José Soto, es que Trabajo reconozca los mismos derechos y prestaciones a las viudas e hijos de fallecidos que a los empleados que aún quedan vivos.

Tanto los trabajadores que siguen vivos como su principal aliado en todos estos años de lucha, el parlamentario de Izquierda Unida por Jaén José Cabrero, niegan también que se hayan opuesto a nuevos reconocimientos médicos, como sostiene Trabajo. "Estamos dispuestos a ir donde haya que ir, pero que se acabe ya este suplicio", apunta José Soto.

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